RANGÚN, 19 Mar. (DPA/EP) -
Una empresa liderada por el contratista militar Erik Prince, fundador de Blackwater, ha anunciado sus planes para ofrecer sus servicios a inversores externos en Birmania, algo que preocupa a los grupos de Derechos Humanos, ya que piensan que la compañía agravará las disputas y los conflictos étnicos en el país.
"Las empresas chinas (en Birmania) necesitan seguridad porque van a ir a zonas donde hay conflictos étnicos para extraer recursos naturales contra la voluntad de los lugareños y la gente local", ha afirmado este martes el director de la ONG Campaña para Birmania en Reino Unido, Mark Farmaner.
La empresa de seguridad privada Grupo de Servicios Fronterizos (FSG) ha confirmado a través de uno de sus representantes al 'Myanmar Times' que la compañía, con sede en Hong Kong, ha "obtenido una licencia de seguridad para ofrecer servicios a inversores internacionales en Birmania, incluidas aquellos procedentes de China, Japón y Tailandia".
Erik Prince fue uno de los mayores apoyos de la candidatura a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump y también fundó la compañía militar Blackwater, que recibió fuertes críticas internacionales por su papel en la muerte de 17 civiles iraquíes durante un tiroteo en la plaza de Nisur, en Bagdad, en septiembre de 2007, aunque luego vendió la empresa.
A pesar de que FSG asegura que sus servicios no incluyen personal armado, la compañía ha generado grandes críticas por estar involucrada en proyectos controvertidos, como la construcción de bases militares en la provincia china de Xinjiang, donde el Gobierno de Pekín persigue a los uigures, una minoría musulmana.
"Contratar a alguien que dirigió compañías conocidas por sus acciones fuera de la ley, y por actuar de una manera brutal y violenta contra la gente local, indica que las compañías chinas han decidido tomar un enfoque agresivo a la hora de proteger sus inversiones en el país", ha explicado Farmaner.
Aung San Suu Kyi, líder de facto de Birmania, ha provocado cierto asombro entre la gente del país con sus declaraciones sobre la creciente influencia de China. En un discurso, ha afirmado que los ciudadanos deberían "pensar con una perspectiva más amplia" sobre el controvertido proyecto de la presa de Myitsone en el estado de Kachin, donde el Ejército ha estado en disputa con grupos de indígenas armados desde hace décadas.
El proyecto chino, que tiene un presupuesto de 3.600 millones de dólares, lleva estancado desde 2011, cuando el anterior Gobierno reconoció que iba en contra de la voluntad popular. La Embajada de China en Birmania ha ido lanzando mensajes este año a favor de retomar el proyecto, con la frontal oposición local.
El director de la Red de Derechos Humanos de Birmania, Kyaw Win, ha afirmado que el giro de 180 grados de Suu Kyi se debe a la confianza de Birmania en la posición de China en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Pekín ya ha vetado varias menciones que buscan que Birmania rinda cuentas por sus abusos de los Derechos Humanos, incluidas las acusaciones de genocidio contra los rohingyas.
"La entrada de FSG es el precio que la gente de Birmania tiene que pagar por la protección de China sobre el genocidio", ha asegurado Kyaw Win.
