MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un comité de expertos de Naciones Unidas ha expresado este jueves su "profunda preocupación" por la "nueva práctica" de secuestros extraterritoriales por parte de los estados, antes de hacer hincapié en el caso del periodista saudí Yamal Jashogi.
Bernard Duhaime, presidente del grupo de trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzosas, ha recalcado que los estados cometen "un crimen y una ofensa contra la dignidad humana" al recurrir a esta práctica, "ya sea para reprimir a disidentes políticos, combatir el crimen organizado o supuestamente luchar contra el terrorismo".
"Ahora vemos con la mayor preocupación la nueva y muy preocupante práctica de secuestros extraterritoriales de individuos en países extranjeros a través de operaciones encubiertas", ha resaltado.
"Estos secuestros tienen lugar con o sin la aquiescencia del Estado receptor y, si bien en la mayoría de los casos las víctimas reaparecen en detención tras un breve periodo, en otros casos siguen desaparecidas, como en el reciente e impactante caso de Jashogi", ha dicho.
Jashogi desapareció el pasado 2 de octubre tras entrar en el consulado saudí de Estambul y las autoridades turcas han señalado que sospechan que fue asesinado en el interior del edificio, algo que ha sido negado por Riad.
Así, Duhaime ha manifestado que estas "desapariciones a corto plazo" son usadas cada vez con más frecuencia, especialmente en el marco de operaciones antiterroristas.
En este sentido, ha resaltado que ello se lleva a cabo "para obtener pruebas y finalizar las investigaciones al margen de las protecciones de la ley y a menudo recurriendo a la coerción, sino a la tortura".
Por ello, ha destacado la importancia de garantizar una investigación efectiva de estas desapariciones forzosas y ha pedido a todos los estados, organismos internacionales, organizaciones civiles y otras partes involucradas que faciliten la información de la que dispongan sobre estos casos.
Por último, ha reclamado a todos los países miembro de la ONU que ratifiquen sin demora la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que entró en vigor en 2010.
