MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
Un grupo de expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas ha reclamado este jueves a las autoridades de Mauritania que reconsideren la aplicación de una enmienda al Código Penal que implicaría la obligatoriedad de la pena capital para los condenados por blasfemia y apostasía.
El Gobierno del país africano aprobó en noviembre el borrador, que elimina la posibilidad existente bajo la legislación actual de conmutar la pena capital por una condena a prisión si el acusado se arrepiente. El Parlamento lo ratificó el 27 de abril, por lo que está a la espera de ratificación por parte del presidente, Mohamed Uld Abdelaziz.
El borrador de ley contempla la pena de muerte para cualquier musulmán que se burle o insulte a Dios, el Corán, Mahoma, los ángeles o los profetas, si bien seguirá sin contemplarla para los que renuncien a su fe islámica o la profesen sin realmente creer en ella.
"Nos indigna que, mientras el Derecho Internacional prohíbe la criminalización de la apostasía y la blasfemia, las autoridades mauritanas hayan decidido consagrar la pena de muerte para aquellos que hagan uso de su derecho a la libertad de expresión, religión y credo", han dicho.
"Esta revisión amordazará aún más el derecho a la libertad de expresión en Mauritania y preparará el ambiente para la incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia contra las personas a partir de su religión o credo", han manifestado.
En su comunicado, han recalcado que existe el "riesgo adicional" de que este artículo sea aplicado "de forma discriminatoria" a las diferentes fes religiosas. "De hecho, el artículo revisado avanza una agenda fundamentalista que pone en grave riesgo los Derechos Humanos e incita a los extremistas", han advertido.
"En los estados en los que no se ha abolido la pena de muerte, sólo puede ser aplicada para los crímenes más serios que incluyan asesinatos intencionales", han subrayado, antes de reiterar que una pena de muerte obligatoria supone una violación directa del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Los expertos que firman el comunicado son David Kaye, relator especial para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión; Agnes Callamard, de ejecuciones extrajudiciales; Ahmed Shaheed, de libertad de religión y credo; y Karima Bennoune, sobre derechos culturales.
LA APROBACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto fue aprobado por el Gobierno poco después de que varias apelaciones permitieran reducir a dos años de cárcel la sentencia de muerte emitida en 2014 contra el bloguero Mohamed Cheij Uld Mjeitir por apostasía, lo que implicó su puesta en libertad. Sin embargo, su paradero es desconocido.
El fallo llegó un día después de que se iniciaran las vistas para revisar su caso, en medio de manifestaciones en la capital, Nuakchot, y la localidad de Nuadibú para reclamar la ejecución del bloguero.
El bloguero fue sentenciado a muerte por un texto que publicó en su blog sobre el Islam y la discriminación racial. El artículo no gustó en Mauritania, un país con profundas divisiones sociales y raciales, y fue juzgado por apostasía y sentenciado a pena de muerte a pesar de haber mostrado su arrepentimiento y de asegurar que su artículo fue malinterpretado.
La breve publicación del texto derivó en que miles de personas saliesen a la calle para protestar por lo que consideraban una blasfemia contra un símbolo del Islam. Líderes religiosos y políticos también se habían pronunciado para reclamar una pena "ejemplar".
El autor del artículo, sin embargo, ha defendido durante el proceso judicial que no pretendía blasfemar, sino que sólo quería denunciar la "desigualdad" que, en su opinión, sigue existiendo hoy en día en la sociedad mauritana y que es heredera de los orígenes del Islam.
