MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -
La nacionalización de los hidrocarburos que ha adoptado el presidente de Bolivia, Evo Morales, podría afectar a la relación bilateral con España. El Gobierno no sólo ha amenazado con consecuencias, sino que el Ministerio de Asuntos Exteriores ya ha convocado al encargado de negocios boliviano, Álvaro del Pozo. La medida afectará, y mucho, a Repsol-YPF, que podría perder hasta el 3 por ciento de su beneficio.
El director general para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Javier Sandomingo, convocó al encargado de negocios boliviano para advertirle que la decisión de Evo Morales puede tener consecuencias en la relación bilateral con España. La preocupación del Gobierno español no sólo es por la medida en sí, sino por las formas con las que se ha adoptado. "Se le ha recordado el compromiso de las autoridades bolivianas de facilitar el texto del decreto para que pueda ser estudiado con detenimiento y se puedan pedir las aclaraciones pertinentes", explicó.
Álvaro del Pozo, por su parte, relató que ya ha trasladado el contenido de la reunión al Gobierno de su país. "En La Paz están evaluando la reacción del Gobierno español y la de todos los Gobiernos cuyas empresas puedan verse afectadas por la nacionalización", dijo. El agregado boliviano aseguró que no se descartan contactos al máximo nivel que, según fuentes de la Dirección General de Comunicación Exteriores, podrían traducirse en una conversación del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, con su homólogo boliviano, David Choquehuanca.
LAS PETROLERAS, SIN ARGUMENTOS PARA OPONERSE A LA NACIONALIZACIÓN
El Gobierno boliviano considera que las empresas petroleras extranjeras no tienen "argumentos legales" para oponerse a la nacionalización de los hidrocarburos.
Así lo aseguró hoy el viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, quien advirtió de que el Gobierno está preparado para aplicar las medidas que sean pertinentes en caso de que las petroleras adopten "acciones injustificadas" en contra de la nacionalización.
Arce explicó que el Decreto Supremo 28.701 fue elaborado con el "mayor cuidado" y está "estrictamente sujeto" a las normas legales vigentes y los principales derechos universales consagrados en los acuerdos internacionales.
"El Gobierno nacional esta preparándose para cualquier acción injustificada que pueda haber de parte de las empresas y, obviamente responder dentro del marco de la ley, de la racionalidad, y fundamentalmente dentro del marco de la verdad", precisó.
Por último, aclaró que las Fuerzas Armadas se mantendrán en las instalaciones de los campos petroleros por el "tiempo que sea necesario", después de que el presidente Morales ordenara ayer la ocupación física de 56 campos y dos refinerías.
REUNIÓN CON EMPRESAS ESPAÑOLAS EN BOLIVIA
María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del Gobierno, aseguró que el Ejecutivo tiene ya previsto convocar a todas las empresas españolas que tengan intereses en Bolivia para analizar la situación. Ese encuentro se celebrará previsiblemente esta semana y contará con la presencia del ministro de Industria, José Montilla, quien aseguró que ahora lo fundamental es conocer los términos de la nacionalización. "Evidentemente, no nos gusta y pienso que no es positiva para Bolivia", dijo.
