MANILA, 15 Mar. (Reuters/EP) -
El Gobierno de Filipinas ha dicho este jueves que su salida del Estatuto de Roma, el tratado que ampara el Tribunal Penal Internacional (TPI), marca el "principio del fin" de la corte, por considerar que cada vez habrá más países que imitarán su decisión y otros que se verán disuadidos de firmar el acuerdo.
El anuncio de la salida se ha producido cinco semanas después de que la Fiscalía del TPI haya confirmado que se ha abierto un examen preliminar sobre si se han cometido crímenes contra la humanidad durante la guerra contra las drogas que ha emprendido el presidente filipino, Rodrigo Duterte.
El portavoz presidencial de Filipinas, Harry Roque, ha asegurado que ese examen preliminar "viola las bases fundamentales por las que (Filipinas) dio su consentimiento para ser juzgado bajo la jurisdicción del TPI".
Duterte ha denunciado en un comunicado que los relatores especiales de la ONU están tratando de ponerle "el estigma de ser un violador de Derechos Humanos despiadado y sin corazón".
El mandatario cree que hay una "conspiración" entre los grupos de presión y la ONU, según Roque. Duterte ha denunciado que el TPI quiere acercarse a Naciones Unidas y que le quiere procesar "en el tribunal de la opinión pública".
"El TPI ha perdido a un gran aliado en Asia", ha destacado Roque. "No hay nuevos países que vayan a firmar el estatuto porque Filipinas es reconocida por el ser la gran defensora de la democracia y los Derechos Humanos a nivel mundial", ha añadido el portavoz.
Los críticos con Duterte no han tardado en acusarle de no actuar de forma coherente, señalando que el presidente ha retado al TPI a procesarle y ha subrayado que preferiría "pudrirse en la cárcel" para defender una guerra contra las drogas que ha acabado con la vida de miles de personas.
Los rivales del presidente han dicho que la decisión de Duterte de sacar al país del TPI es una admisión de culpa y una señal de que está aterrorizado.
Los grupos de defensores de los Derechos Humanos y de juristas han condenado la decisión, que han interpretado como un intento por evadirse de la justicia y la rendición de cuentas. Estos activistas han recordado que salirse del Estatuto de Roma no tiene sentido práctico, ya que su jurisdicción afecta a todo el periodo en el que Filipinas ha sido firmante del Estatuto de Roma.
"Va a haber una avalancha de otros países que van a salirse" del TPI, ha advertido Roque en una entrevista en el canal ANC. "Este es el principio del fin del tribunal", ha añadido el portavoz, destacando que la jurisdicción del TPI no se aplicará a Filipinas y que es poco probable que Duterte sea procesado por el tribunal.
El consejero legal del presidente, Salvador Panelo, ha dicho que Duterte piensa que el TPI se ha convertido en una "herramienta para la opresión y el abuso". El abogado que presentó la denuncia en el TPI contra Filipinas en 2017, Jude Sabio, ha declarado en una entrevista a ANC que la emisión de una orden de arresto contra el presidente sería un "gran triunfo para la Justicia".
