MANILA, 16 Jul. (EP/AP) -
Grupos pro Derechos Humanos y expertos en Derecho instaron hoy al Gobierno filipino a que endurezca los procedimientos legales de las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales, y acusaron al sistema actual de proteger a los perpetradores.
Los grupos pro Derechos Humanos y los activistas de izquierdas culpan a las fuerzas de seguridad de las ejecuciones, y sostienen que las víctimas eran en su mayoría miembros de organizaciones de izquierdas, que el Ejército considera tapadera de los grupos rebeldes que han luchado durante 39 años para establecer un Estado comunista.
El grupo pro Derechos Humanos Karapatan dice que está luchando para ampliar el poder de la Fiscalía, fortalecer la protección de testigos y endurecer las sanciones contra los jueces que se demoren en emitir sentencias de los casos. El grupo ha registrado 869 presuntas ejecuciones extrajudiciales y 180 casos de desapariciones forzadas en el país desde 2001.
La presidenta de Karapatan, Edelina dela Paz, dijo que varios testigos y abogados han recibido amenazas, al tiempo que las agencias legales han dudado o rechazado investigar las ejecuciones y que el Ejército y la Policía han intentado encubrirlas. Dela Paz mencionó el caso de una mujer testigo, asesinada semanas después de que testificó ante el representante de la ONU para Derechos Humanos, Philip Alston, quien ha dado un portazo al Ejército por mostrarse en "estado de negación" en relación al "significativo número de ejecuciones" de activistas de izquierdas por parte de soldados.
El jefe de Justicia del Tribunal Supremo filipino, Reynato Puno, dijo que la Constitución permite al poder judicial hacer uso de poderes amplios para ocuparse de casos de abuso de autoridad por parte del Gobierno y de violaciones de los Derechos Humanos.
BUSCAR UNA SOLUCIÓN
Durante una conferencia de dos días que reunió a jueces, grupos pro Derechos Humanos, académicos del Derecho, el Ejército y la Policía, Puno sostuvo que "una de las razones de peso de esta cumbre es evitar perder de vista las ejecuciones y desapariciones, revivir nuestra justa indignación, y dar un impulso a nuestra búsqueda conjunta de la evasiva solución a este molesto problema".
El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Filipinas, Pacifico Agabin, recomendó que el Tribunal Supremo revoque la inmunidad del presidente para enfrentarse a juicios. "Como comandante en jefe del Ejército, el presidente puede rendir cuentas sobre casos individuales", explicó.
"La presidenta (Gloria Macapagal) Arroyo ha dejado en claro que esta administración no condona las ejecuciones extrajudiciales", dijo su portavoz, Ignacio Bunye, añadiendo que Arroyo condena las ejecuciones y está tomando medidas para frenarlas. Por su parte, el jefe del Estado Mayor del Ejército, Hermogenes Esperon, ha negado la acusación de que el Ejército está detrás de la mayoría de las ejecuciones, alegando que la Policía ha encontrado que catorce soldados estuvieron involucrados en sólo seis casos, y que aparentemente en los demás casos no participaron. "El Ejército no tiene ninguna política sobre apuntar a civiles como objetivos", añadió.
De las más de 800 víctimas registradas por Karapatan, la Policía ha investigado sólo 122, sosteniendo que las demás eran ficticias, o fueron asesinadas por motivos personales o en disputas de tierras, dijo el jefe de la Policía Nacional de Filipinas, Oscar Calderon.
