BANGKOK, 25 Jul. (Thomson Reuters Foundation/EP) -
El asesinato de activistas por los derechos de la tierra y el medio ambiente está en aumento en Filipinas, que se ha convertido en el país más mortal para ellos en Asia, según varias ONG que denuncian que el Gobierno no ha garantizado su protección.
La ONG filipina Karapatan ha indicado que ha registrado un total de 63 asesinatos de activistas por los derechos de la tierra en 2017, más del doble de los que tuvieron lugar el año anterior.
"Existe un clima de impunidad y ausencia total del acceso a la justicia para las víctimas", ha dicho la secretaria general del grupo, Christina Palabay, quien ha alertado de que la cifra real podría ser "incluso más alta".
La organización Global Witness afirmó la semana pasada que un total de 48 activistas por los derechos de la tierra y el medio ambiente murieron en el país en 2017, sólo por detrás de Brasil, que encabezó su informe con 57 asesinatos.
Global Witness achacó el aumento de los asesinatos en Filipinas a "un presidente (Rodrigo Duterte) que es totalmente contrario a los Derechos Humanos, la militarización de las comunidades y el fracaso de los organismos gubernamentales a la hora de dar protección a los activistas en riesgo".
El portavoz de la Presidencia filipina no ha respondido a las llamadas y correos electrónicos enviados por Thomson Reuters Foundation para responder a estas acusaciones.
Cerca de la mitad de los asesinatos estuvieron vinculados a luchas contra grandes empresas agrícolas, ya que los agricultores y los indígenas locales se han visto expulsados de sus tierras para favorecer plantaciones de banana y café, según Global Witness.
"La prioridad es el negocio. Esta Administración no se preocupa por la gente", ha lamentado Joan Carling, asesora de Naciones Unidas sobre derechos de los indígenas.
"Ni siquiera existe un reconocimiento por parte del Gobierno sobre el clima crecientemente peligroso para los activistas. Tememos que la situación sólo empeore", ha subrayado.
Carling figura entre las más de 600 personas --entre ellas activistas y un relator especial de la ONU-- que el Gobierno envió a un tribunal de Manila para que fueran designadas como "terroristas". El documento ha sido descrito por Human Rights Watch (HRW) como "una lista negra".
Los activistas han reclamado el fin de la ley marcial en la isla de Mindanao (sur), donde se registraron más de dos tercios de los asesinatos en 2017, y han pedido investigaciones contra miembros del Ejército y la Policía acusados de estar involucrados.
Sin embargo, Carling ha adelantado que el Proyecto sobre Defensores de los Derechos Humanos, presentado este mismo año para proteger a los activistas y establecer vías legales para ello, tiene pocas posibilidades de ser aprobado.
