KAMPALA, 28 Abr. (Reuters/EP) -
Uganda ha elaborado el borrador de una nueva ley que prohibiría a las ONG promover la homosexualidad. Esta medida vendría a reforzar las leyes contra personas homosexuales que se aprobaron en febrero y que fueron ampliamente criticadas y tachadas de draconianas.
El borrador, que se encuentra en fase de estudio por el Gabinete antes de iniciar los trámites parlamentarios, también podría prohibir a las ONG extranjeras inmiscuirse en las políticas de este país, según ha dicho a Reuters este lunes el ministro de Asuntos Internos, James Baba.
Las voces más críticas con el Gobierno han asegurado que la nueva ley erosionará todavía más las libertades civiles y creará un clima de opresión e intolerancia política de cara a las elecciones de 2016. Todo apunta a que en estos comicios volverá a presentarse el veterano líder Yoweri Museveni.
La ley aprobada en febrero endurece las penas por tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo e impone incluso hasta cadena perpetua para algunos casos de la homosexualidad como tener sexo con menores o portar sida.
"Hay algunas ONG que vienen aquí para debilitarnos, para promover malos comportamientos como la homosexualidad" ha dicho este lunes a Reuters el ministro de Asuntos Internos James Baba. "Como Gobierno responsable necesitamos comprobarlo. Las ONG no serán capaces de hacer eso cuando aprobemos esta ley".
MÁS CONTROL A LAS ONG CRÍTICAS CON EL GOBIERNO
La nueva normativa exigirá a estas organizaciones que declaren al Gobierno sus presupuestos anuales y sus fuentes de ingresos. También estarán obligados a presentar su contabilidad, para dejar constancia de cualquier ayuda que reciban de sus benefactores al final de cada año.
El ministro Baba no ve con buenos ojos que los organismos extranjeros puedan comentar o involucrarse con la política ugandesa. Para Baba "depende de los ugandeses decidir si Museveni debería gobernar o no".
"Una ONG extranjera, ¿qué interés tiene en nuestra política?" se ha preguntado el ministro. "Nuestros ciudadanos tienen el deber de preguntar a su Gobierno y de cuestionar la gestión del Gobierno, pero los extranjeros no deberían tener este privilegio", ha añadido.
Musevini, que lleva en el poder desde 1986, ha incrementado su censura con el crecimiento de la represión a la oposición y su mala gestión de la corrupción que ha afectado de manera vital a los servicio públicos. Los grupos defensores de los Derechos Humanos, tanto los locales como los internacionales, se han centrado de manera especial en la creciente violencia contra los miembros de la oposición y la impunidad de las corruptas autoridades. Los opositores al Gobierno han denunciado que desde el poder tienen un especial interés por cerrar todas las plataformas que dan voz a la sociedad civil.
El año pasado el parlamento, compuesto en su mayoría por el partido en el poder, aprobó una ley que exige que cualquier reunión de más de tres personas que discuta sobre política necesita obtener primero permiso del responsable de la Policía.
Un abogado defensor de los Derechos Humanos asentado en Kampala, Nicholas Opiyo, ha asegurado que el objetivo de la ley era atacar de manera directa a las ONG críticas con la corrupción del Gobierno. Además Opiyo ha señalado que "la política de Museveni depende cada vez más del uso del dinero para ganar las elecciones", por eso es importante para ellos "tener las manos libres en el gasto de los fondos públicos para comprar votos en las próximas elecciones".
