Faustino Ondó atribuye el ataque al grupo armado nigeriano Bakasi, al que Obiang "debe dinero" por "determinados servicios", como el secuestro de opositores
MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
El principal encausado por los incidentes del 17 de febrero de 2009, Faustino Ondó Ebang, ha asegurado que el ataque al Palacio Presidencial de Malabo fue cometido por Bakasi, un grupo armado nigeriano al que el presidente Teodoro Obiang Nguema "debe dinero" en pago por "determinados servicios", en particular por el secuestro de opositores.
"El juicio de Malabo no tiene pies ni cabeza", aseguró Ondó Ebang, presidente de la formación opositora Unión Popular (UP) y refugiado en España desde 2007, en una entrevista concedida a la Asociación para la Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatorial (ASODEGUE, con sede en Madrid). Ondó, a quien el Gobierno acusa de haber planificado el asalto con el apoyo de los rebeldes nigerianos del Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger (MEND)", está siendo juzgado 'in absentia'.
El juicio por el llamado 17-F comenzó el pasado miércoles en el Palacio de Conferencias de Banapá, en Malabo. Tras las primeras sesiones, el fiscal ha rectificado sus peticiones iniciales y ha solicitado la libre absolución para ocho de los once militantes de Unión Popular y una reducción de la pena inicial para cuatro miembros de esta formación opositora, incluido Faustino Ondó, y para los siete nigerianos.
Según indicó el Ministerio de Información en su página de Internet, el tribunal ha decidido aplazar hasta finales de marzo la sentencia para los detenidos debido a "la complejidad y seriedad del asunto". Los procesados, acusados de "terrorismo, conspiración e intento de homicidio al presidente de la República", son once ecuatoguineanos pertenecientes a la UP y siete nigerianos que han asegurado durante los interrogatorios que sólo son perscadores que, a causa de un temporal, se habían perdido y habían ido a parar a las inmediaciones de Malabo, donde fueron detenidos.
"Las grabaciones que me atribuyen están claramente manipuladas y la Policía no ha disimulado que lo estén", declaró Faustino Ondó a ASODEGUE. "Se ha torturado sin límites a Marcelino Nguema y Santiago Asumu, se ha querido ponerlos en relación con los últimos militares secuestrados en el exterior", añadió. Marcelino Nguema y Santiago Asumu figuran entre los cuatro militantes de UP para los que la fiscalía ha solicitado, tras su rectificación, una pena de doce años y medio. El fiscal había pedido inicialmente penas de entre 20 y 30 años de prisión para todos los procesados.
El pasado 17 de marzo, el día en que comenzó el juicio, el secretario general de ASODEGUE, Adolfo Fernández Marugán, aseguró durante un encuentro con la prensa que el reciente "secuestro" de cuatro ex militares guineanos en Benín --que ha sido denunciado por Amnistía Internacional-- tiene como objetivo demostrar "mediante torturas" su supuesta relación con algún grupo armado nigeriano, "no necesariamente el MEND", y someterlos a un careo con los militantes de UP procesados.
"Respecto a estos temas, Obiang tiene comportamientos muy poco claros", prosiguió Faustino Ondó. "Mantiene desde hace tiempo una relación complicada con los de Bakasi, ha contado con ellos para que le hicieran determinados servicios, para secuestrar algunos opositores, y les debe dinero", aseguró.
"Desde entonces, cada vez que alguno de los dirigentes de Bakasi no tiene dinero, recurre a Obiang y si no les paga le organizan asaltos como los de Bata y de Malabo", añadió, en referencia al 17-F y al atraco, meses antes, de varios bancos de Bata, capital económica del país. "Han sido los de Bakasi los que le han entregado a los cuatro ex militares. Habían estado bastante tiempo con ellos pero ahora no tenían dinero y los han vendido", añadió.
Se da la circunstancia de que el abogado de los guineanos, Fabián Nsue, había recusado al presidente del Tribunal, Antonio Pascual Oko Ebobo, "por tener pleito pendiente contra don Faustino Ondó Ebang". El nombramiento de Ondó como presidente de UP en noviembre de 2007 fue impugnado por el Gobierno. La impugnación fue presentada por el propio Antonio Pascual Oko Ebobo en calidad de abogado.
EL ASALTO Y LOS DETENIDOS
Según el Ministerio de Información de Guinea Ecuatorial, "el asalto ocurrió el 17 de febrero de 2009 a las cuatro de la madrugada, cuando unos cincuenta mercenarios que viajaban a bordo de unas lanchas desembarcaron en el puerto, se dirigieron al Palacio Presidencial e iniciaron un asalto en las cercanías del edificio". "Las fuerzas armadas repelieron el ataque y detuvieron a parte de los atacantes", prosiguió el Ministerio.
"Los detenidos en aquella acción, seis varones y una mujer, son de nacionalidad nigeriana", añadió. "El Tribunal también ha procesado por los mismos hechos a diez ecuatoguineanos, cuatro de ellos siguen acusados", aseguró el Ministerio. Los abogados de "todos los encausados" han solicitado la "plena absolución por falta de pruebas", precisó la misma fuente oficial.
Una de las pruebas presentadas por el fiscal en la sesión del pasado sábado, un subfusil, ha quedado inutilizada "porque el Ministerio de Defensa no ha aportada prueba balística alguna que explique si fue utilizada en el asalto", indicaron fuentes presentes en el juicio. Asimismo, la fiscalía presentó otra "prueba secreta" en la misma sesión, concretamente una supuesta conversación telefónica entre Ondó y miembros de su partido de la que, según las mismas fuentes, "es imposible deducir que tengan nada que ver con acciones armadas de ningún tipo". La conversación telefónica fue incorporada a última hora y no había sido puestas a disposición de la defensa antes de la vista del sábado.
Todos los procesados fueron detenidos en las fechas posteriores al asalto. A finales de marzo de 2009, Amnistía Internacional denunció la detención "arbitraria", sin cargos ni juicio, de los miembros de UP --entre los que figuraban la esposa y un hermano de Faustino Ondó Ebang--, todos ellos arrestados "sin la preceptiva orden" entre el 18 de febrero y el 1 de marzo de 2009 en Bata, principal ciudad del continente, y en Malabo.
Por su parte, el Informe sobre Derechos Humanos publicado la pasada semana por el Departamento de Estado de Estados Unidos afirmaba, en su capítulo dedicado a Guinea Ecuatorial, que tras el ataque del 17 de febrero contra el Palacio Presidencial, el Gobierno detuvo "arbitrariamente, sin orden judicial y sin cargos", a numerosas personas, una de las cuales "murió a causa de las palizas durante los interrogatorios" y dos de las cuales "fueron torturadas". Entre los detenidos por estos hechos, aseguraba el Departamento de Estado, figuran ocho pescadores nigerianos y la esposa de uno de ellos, Afiong Etim, la cual "murió como consecuencia de las palizas administradas durante el interrogatorio".
