La población vive atenazada por el miedo y la estrategia del Gobierno no está frenando la actividad yihadista, advierte la ONG
MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los grupos islamistas que operan en la región del Sahel, en el norte de Burkina Faso, han cometido atrocidades pero las fuerzas de seguridad burkinesas también han llevado a cabo ejecuciones en el marco de sus operaciones antiterroristas, lo cual ha generado miedo entre la población y una ola de desplazamientos, según ha constatado Human Rights Watch (HRW).
En concreto, la organización ha documentado más de 40 asesinatos a manos de grupos islamistas, en su mayoría personas sospechosas de colaborar con el Gobierno, mientras que las fuerzas de seguridad habrían ejecutado a más de 115 hombres acusados de apoyar o dar refugio a los milicianos.
"Decenas de personas han sido asesinadas en lo que supone un dramático deterioro de la situación de los derechos en el norte de Burkina Faso", ha denunciado la directora para el Sahel de HRW, Corinne Dufka. "Los residentes viven con miedo ya que tanto los islamistas como las fuerzas gubernamentales han demostrado una completa falta de respeto por la vida humana", ha lamentado.
Los abusos recogidos en el informe "'Encontramos sus cuerpos después ese día': Atrocidades por islamistas armados y las fuerzas de seguridad en la región del Sahel de Burkina Faso" se produjeron entre mediados de 2018 y febrero de 2019 en 32 localidades de esta parte del país africano.
Burkina Faso ha visto incrementarse la actividad yihadista desde el año 2016. En el país operan Ansarul Islam, un grupo terrorista autóctono, así como el Grupo para el Apoyo del Islam y los Musulmanes (JNIM), una organización yihadista que aglutina a otras cuatro, entre ellas AQMI y Al Murabitún, y en menor medida Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS).
Según el 'think-tank' Africa Center for Strategic Studies (ACSS), el número de ataques obra de estos grupos pasó de tan solo tres en 2015, a doce en 2016, 29 en 2017 y 137 en 2018. Aunque la violencia se ha extendido a otras partes del país, principalmente al este, el epicentro sigue siendo la región de Sahel, fronteriza con Malí y Níger.
Como resultado de ello, y de la creciente violencia intercomunitaria, en el país hay más de 115.000 desplazados internos, más de la mitad de ellos desde que comenzó 2019, mientras que otros 11.000 burkineses han buscado refugio en Malí.
CIVILES EJECUTADOS POR AMBAS PARTES
Los testigos con los que ha hablado HRW han contado que islamistas armados mataron a 42 civiles, aparentemente por su relación, presunta o real, con el Gobierno, o por apoyar la formación de grupos de autodefensa. La mayoría de las víctimas pertenecían a las etnias fulse o bella.
Según los testimonios, los milicianos han secuestrado e intimidado a líderes locales, saqueado ganado y atacado ambulancias, además de haber prohibido a los residentes celebrar matrimonios y bautizos e incluso en algunos casos que las mujeres socialicen o vendan en los mercados.
"La gente vive dominada por el miedo", asegura un agricultor local. "Ningún hombre de más de 18 años se atreve a dormir en su casa por miedo a ser secuestrado o algo peor", añade.
Por otra parte, los testigos también han contado 19 incidentes en los que las fuerzas de seguridad burkinesas presuntamente ejecutaron de forma sumaria a 116 hombres. En casi todos estos sucesos estuvio implicado un destacamento de unos 100 gendarmes con base en la localidad de Arbinda desde finales de agosto.
Todas las víctimas fueron vistas por última vez bajo custodia de las fuerzas de seguridad y cuando sus cuerpos fueron hallados más tarde en la mayoría de los casos tenían un disparo en la cabeza o el pecho, según HRW. La mayoría de las víctimas pertenecían a la etnia peuhl, mayoritariamente ganadera y a la que se suele vincular con los grupos islamistas.
LA POBLACIÓN SE SIENTE ATRAPADA
Según HRW, los residentes se quejan de que están atrapados entre la amenaza de los islamistas de ejecutar a quienes colaboran con el Gobierno y las fuerzas de seguridad, que esperan de ellos que ofrezcan información sobre la presencia de grupos armados y proceden a castigos colectivos cuando no lo hacen.
"Las ejecuciones están empujando a la gente directamente a brazos de los yihadistas y garantizando que este problema continúe durenta muchos años", ha resumido un líder local de la sociedad civil.
"Hacer frente a la expansión de los islamistas armados en Burkina Faso ejecutando a sospechosos solo fomentará el ciclo de violencia y abusos", ha prevenido Dufka. "El Gobierno debería detener los abusos y comprometerse a una estrategia antiterrorista legal y que respete los derechos", ha sostenido la responsable de HRW.
HRW envió el pasado 8 de marzo una carta al Gobierno burkinés detallando sus hallazgos y planteando una serie de recomendaciones. En su respuesta, el Ministerio de Defensa prometió el 18 de marzo investigar los supuestos abusos.
En este sentido, la organización ha reclamado al Ejecutivo que investigue de forma exhaustiva los presuntos abusos de los Derechos Humanos, al tiempo que ha pedido a los grupos islamistas que cesen sus ejecuciones extrajudiciales, secuestros y otros abusos.
