Asegura que las fuerzas de seguridad mataron a jóvenes en Kinshasa en una operación supuestamente dirigida contra bandas
MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que las fuerzas de seguridad de República Democrática del Congo mataron a 27 jóvenes y niños e hicieron desaparecer a otros siete en el marco de una operación contra el crimen desarrollada entre mayo y septiembre de 2018.
La llamada operación 'Likofi IV' fue puesta en marcha por la Policía con el objetivo de detener a supuestos miembros de bandas criminales en la capital del país, Kinshasa. En un comunicado, HRW ha contado que los agentes de Policía, con frecuencia vestidos de civiles, detuvieron sin orden judicial a supuestos miembros de bandas criminales, las conocidas como kulunas, en redadas nocturnas en sus viviendas y en otros lugares.
En muchos casos, según HRW, los policías vendaron los ojos a los arrestados y les ataron y se los llevaron a lugares no identificados, donde les mataron. "Con frecuencia la Policía tiraba los cuerpos cerca de sus casas a primera hora de la mañana siguiente. La mayoría de las víctimas fueron estranguladas por una aparente estrategia de las autoridades para distraer la atención de la Policía", ha explicado la ONG.
La subdirectora para África de HRW, Ida Sawyer, ha dejado claro que matar a sospechosos nunca puede ser una forma de luchar contra el crimen. "Estrangular, disparar y la desaparición de sospechosos bajo custodia nunca es una forma legal de luchar contra el crimen urbano", ha explicado.
Sawyer ha hecho hincapié en que el nuevo Gobierno congoleño "debería poner fin" a las "abusivas campañas policiales" y trabajar para "garantizar" que los responsables de estos "horribles crímenes" son "investigados y perseguidos".
HRW ha explicado que ha entrevistado a unos 80 testigos, familiares de víctimas, trabajadores sanitarios, activistas y altos cargos gubernamentales entre junio y diciembre de 2018, incluidos cuatro agentes de las fuerzas de seguridad, uno de ellos participante en la operación policial.
La organización de defensa de los Derechos Humanos ha asegurado que ha documentado las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas que se registraron entre mayo y septiembre en las comunas de Kalamu, Kisenso y Limete, en Kinshasa.
Tres de los muertos en la operación policial eran adolescentes de 16 y 17 años de edad. Entre los desaparecidos figura otro menor, de quince años de edad. HRW ha asegurado que entre las víctimas hay varios miembros y exmiembros de las kulunas y algunos residentes locales que, según sus allegados, no estaban involucrados en crímenes.
Además, la ONG ha recibido denuncias creíbles de otros once casos en Kinshasa que todavía tienen que ser confirmados. "Para impedir que gritaran, les ataban el cuello con un cable negro", ha señalado un testigo que vio a la Policía matar a un joven el 12 de mayo.
LA POLICÍA MATÓ POR ESTRANGULAMIENTO A VARIOS JÓVENES
"Tiraron muy fuerte del cable hasta el punto de que empezó a tener convulsiones. Entonces se tocó el vientre y se derrumbó", ha asegurado el testigo consultado por HRW, que ha apuntado a que el cuerpo del joven fue abandonado en el barrio y que otros dos arrestados están en paradero desconocido.
Un mando policial y otros agentes con conocimiento de la operación han contado a HRW que el objetivo del operativo fueron miembros de bandas conocidos por movilizar a congoleños para que participaran en manifestaciones opositoras.
La organización de defensa de los Derechos Humanos había documentado con anterioridad los esfuerzos del partido gobernante para reclutar, pagar y desplegar miembros de las kulunas como infiltrados en las manifestaciones contra el entonces presidente congoleño, Joseph Kabila, para alterarlas con incidentes violentos.
Fuentes gubernamentales han dicho que uno de los objetivos de la operación Likofi IV era propagar el miedo en la capital para impedir que surgieran manifestaciones vinculadas con las elecciones. Esto sucedió en el contexto de una represión más amplia contra los líderes políticos opositores y los activistas prodemocracia.
La ONG ha asegurado que las muertes en el marco de la operación policial llegaron poco después de que el entonces viceprimer ministro y ministro del Interior, Henri Mova, presentara el 10 de abril un plan nacional para luchar contra la criminalidad urbana que incluía la eliminación de las kulunas.
Semanas después, según el relato de HRW, en la noche del 3 al 4 de mayo, la Policía se llevó de sus casas a cuatro supuestos miembros de las kulunas y los mató a disparos, lo que llevó a los residentes a pensar que había comenzado una nueva operación Likofi.
Responsables de las fuerzas de seguridad han comentado a la ONG que las siguientes víctimas murieron estranguladas en lugar de por disparos, toda vez que el uso de armas de fuego habría apuntado a la responsabilidad de la Policía.
"En todos los casos investigados por HRW, los testigos han dicho que las víctimas estaban desarmadas y que no representaban una amenaza para la vida", ha explicado, antes de señalar que los autores de las ejecuciones "vestían de civil" o "con uniformes de Policía" y con "máscaras y capuchas" para tapar sus rostros. Todos llegaron en todoterrenos y vehículos policiales, según los testigos.
Tras la llegada al poder del nuevo presidente congoleño, Félix Tshisekedi, en enero de 2019, HRW ha reclamado que el nuevo Gobierno suspenda a los cargos gubernamentales y policías implicados en casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas tras impulsar una investigación "justa, imparcial y completa".
Además, la ONG ha reclamado a la Unión Europea y a Estados Unidos que estudien imponer sanciones individuales contra estos sospechosos, incluidas medidas como congelación de activos y restricciones de viaje. "Las ejecuciones policiales y las desapariciones en Kinshasa parecen haber sido parte de una estrategia gubernamental más amplia para propagar miedo e impedir protestas antes de las elecciones", ha considerado Sawyer.
La responsable de HRW ha afirmado que los socios internacionales de República Democrática del Congo tienen que presionar al nuevo Gobierno del presidente Tshisekedi para que garantice que se hace justicia para las "decenas de víctimas de esta abusiva operación policial".
