MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -
El referéndum para enmendar la Constitución y permitir al presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, gobernar hasta 2034 ha venido precedido por asesinatos, secuestros, violaciones e intimidaciones contra presuntos partidarios de la oposición por parte de las fuerzas de seguridad y de los miembros de las juventudes del partido gobernante, los Imbonerakure, según ha denunciado Human Rights Watch (HRW).
La ONG de defensa de los Derechos Humanos ha documentado quince asesinatos, seis violaciones usadas como castigo contra aquellos considerados como contrarios al gobernante CNDD-FDD, ocho secuestros y otras numerosas violaciones, recogidas en su informe "'Os golpearemos hasta corregiros': Abusos antes del referéndum constitucional en Burundi", publicado este viernes.
Según HRW, muchas de las víctimas de las acciones de las fuerzas de seguridad, los Imbonerakure y otras personas próximas al partido gobernante, han sido objeto de ataques por negarse a registrar para votar en la consulta de este jueves o por aportar fondos para financiar la misma.
En algunos casos, ha denunciado la organización, el mero hecho de no pertenecer al gobernante CNDD-FDD ha sido motivo suficiente para generar suspicacia y provocar una respuesta.
"El referéndum de Burundi se ha celebrado en medio de abusos, miedo y presión generalizados, un clima que claramente no favorece una libre elección", ha lamentado la directora para África Central de HRW, Ida Sawyer. "Responsables gubernamentales y los Imbonerakure sabían claramente que no habría sanciones por su violencia contra oponentes reales y percibidos para permitir a Nkurunziza y al CNDD-FDD mantener su control del poder", ha añadido.
HUIR DEL PAÍS POR MIEDO
Para realizar su informe, HRW ha entrevistado a más de 100 personas entre febrero y mayo, incluidos refugiados en República Democrática del Congo (RDC) y Uganda, y antiguos miembros de los Imbonerakure, muchos de los cuales aseguraron que no habían tenido otra opción que huir del país. Según la ONG, el miedo imperante en el país hace que muchas víctimas y testigos no quieran o puedan denunciar los abusos.
En casi todos los casos que HRW ha documentado, los responsables y sus comandantes no han sido arrestados, imputados o juzgados, incluso cuando los testigos les han identificado. Además, ha denunciado, el Gobierno no ha adoptado medidas razonables para incrementar la seguridad y proteger a sus ciudadanos o para cumplir con su obligación de emprender medidas razonables para evitar y perseguir estos crímenes.
Así las cosas, HRW ha reclamado al Gobierno burundés que "deje de proteger a los responsables de los asesinatos, violaciones, palizas, detenciones arbitrarias, amenazas y acoso" y que "evite estos abusos, incluido por sus propias fuerzas de seguridad y los Imbonerakure'.
También ha sostenido que tanto la UE como Estados Unidos deberían ampliar las sanciones impuestas contra los responsables de los abusos que se han venido sucediendo en el país desde 2015, cuando Nkurunziza anunció su intención de optar a un tercer mandato, y que Naciones Unidas debería también imponer sanciones contra los responsables de las graves violaciones de Derechos Humanos en Burundi.
"Nkurunziza y el CNDD-FDD han demostrado que usarán cualquier represión que sea necesaria para mantener su control del poder", ha subrayado Sawyer. "Los socios internacionales de Burundi, en particular los países africanos, deberían hacer saber al Gobierno que ya es suficiente. Los abusos deben cesar y quienes abusan deben rendir cuentas", ha remachado.
