MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha exigido este jueves al Gobierno de Bangladesh que abra una investigación independiente sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo durante su nueva "guerra contra las drogas".
"Cualquier operación contra las drogas debe ser llevada a cabo dentro de la ley y evitando hacer un uso innecesario de la fuerza", ha aseverado el director de la organización para Asia, Brad Adams, que ha instado a las autoridades a suspender las medidas hasta que se establezcan los procedimientos adecuados para garantizar que se respetan los estándares legales a nivel internacional.
La campaña antidrogas se ha saldado con la muerte de casi un centenar de personas desde que fue puesta en marcha por las fuerzas de seguridad a principios de mayo. Unas 7.000 personas han sido detenidas.
"Hasta que se investiguen de forma independiente estas muertes y se pongan en marcha los mecanismos necesarios para proteger a los ciudadanos la campaña debe ser suspendida", ha manifestado, según recoge un comunicado de la ONG.
La primera ministra, Sheij Hasina, ordenó la ofensiva para frenar el uso de la droga ya ba, una metanfetamina muy conocida en Asia y que mueve al año unos 3.000 millones de dólares, según las autoridades. La droga se fabrica en el noreste de Birmania y es introducida de contrabando en el vecino Bangladesh.
Las autoridades bangladeshíes han alertado de que la entrada de rohingyas desde Birmania huyendo de la campaña militar se debe en parte por el incremento del consumo de esta droga, pero los rohingyas denuncian que sus jóvenes caen en la delincuencia porque no pueden trabajar de forma legal.
Varios defensores de los Derechos Humanos han denunciado que la mayoría de muertes tienen lugar durante la noche. Desde las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos temen que se reproduzca la "guerra contra las drogas" de Filipinas, que ha costado miles de vidas en los dos últimos años.
Adams ha subrayado que "todo el mundo merece un juicio justo" y que nadie debe temer "ser ejecutado por las fuerzas de seguridad".
Naciones Unidas, por su parte, ha alertado del peligro que supone que "tras las muertes la reacción del Gobierno haya sido asegurar que los fallecidos no eran inocentes y que, aún así, es posible que tengan lugar errores a la hora de implementar la operación".
"La gente no pierde sus derechos por consumir droga a venderla. La presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo debe ser la principal prioridad del Gobierno", ha añadido.
