Muestra su preocupación por las medidas de represalia y disciplina aplicadas en las prisiones iraníes
MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
Human Rights Watch (HRW) ha exigido este martes al régimen de Irán a que revele el resultado de sus investigaciones sobre las palizas que sufrieron el pasado mes de abril decenas de presos políticos internados en la cárcel Evin de Teherán, al tiempo que ha subrayado que los responsables de estas agresiones deben ser juzgados por su violencia.
En un comunicado, la ONG de defensa de los Derechos Humanos ha subrayado que las autoridades iraníes deben liberar a cualquier persona encarcelada por ejercer de forma pacífica sus derechos fundamentales.
HRW entregó el pasado 22 de mayo una carta a los responsables del sistema judicial iraní en la que expresaba su preocupación por los informes creíbles de palizas propinadas a presos en el módulo 350 de esta prisión desde el 17 de abril, en el marco de una investigación sobre el contrabando en centros penitenciarios.
La ONG ha solicitado al régimen iraní información de cualquier investigación sobre ataques o acciones disciplinarias contra funcionarios de prisiones, misiva a la que las autoridades iraníes no han respondido, por lo que teme que no se hayan tomado medidas gubernamentales para remediar estas acciones.
"El sistema judicial iraní puede estar esperando que el obstruccionismo sobre estos informes de palizas en masa a prisioneros desaparezcan, pero la respuesta será otra dura crítica contra su sistema judicial que ha demostrado que no puede ni quiere administrar justicia", ha denunciado el subdirector para Oriente Próximo de HRW, Joe Stork.
"Los funcionarios de la judicatura deben a estos hombres y a sus familiares un compromiso de que las personas que ordenaron y ejecutaron las palizas serán condenadas", ha añadido Stork.
LAS AUTORIDADES NIEGAN LOS ABUSOS
Las autoridades iraníes han negado en varias ocasiones que se hayan cometido estos abusos, mientras que otras veces han alegado que se debieron a choques con detenidos que se negaban a obedecer las órdenes de los cuerpos de seguridad.
Fuentes próximas a los hechos consultadas por HRW, entre las que se encuentran familiares de los prisioneros, han indicado que personal penitenciario ordenó y propinó brutales palizas a los reos que se negaron a vaciar sus celdas. También han añadido que cerca de 30 personas fueron obligadas a pasar por un pasillo con guardias a ambos lados mientras eran golpeados en el torso, brazos, piernas y cabeza, lo que provocó que varios de los prisioneros sufrieras heridas graves.
Las fuentes consultadas por HRW también han subrayado que las autoridades castigaron a al menos 31 reos con otros métodos, entre los que se encuentran el confinamiento solitario prolongado y un trato humillante y degradante. Por otro lado, uno de estos prisioneros, que estaba condenado a la pena de muerte por sus vínculos con un grupo opositor, ha sido ejecutado.
La ONG ha destacado que entre los prisioneros destacan importantes activistas humanitarios, como el abogado Abdelfatá Soltani, el periodista kurdo Mohamed Sedigh Kaboudvand, el sindicalista Behnam Ebrahimzadeh o el miembro de una comisión disuelta de HRW Saed Haeri.
CAMBIOS EN LA DIRECCIÓN PENITENCIARIA
El 2 de abril, una semana después de los incidentes en Ward 350, la judicatura anunció que el entonces líder de la Organización de Prisiones de Irán, Gholamhosein Esmaeili, fue destituido para sentarse al frente del sistema judicial de Teherán, aunque las autoridades iraníes han negado que este cambio tenga ninguna relación con las palizas. La Organización de Prisiones de Irán supervisa los centros penitenciarios de todo el país y está sometida al poder de la judicatura.
El portavoz del Gobierno Mohamed-Bagher Nobajt señaló el 14 de mayo que el Ejecutivo investigaría los incidentes. Sin embargo, desde entonces, diferentes miembros del Gobierno, entre los que se encuentra el ministro de Justicia, Mustafá Pur-Mohamadi, han minimizado el alcance de una investigación que no ha aportado ninguna información a los familiares de los prisioneros agredidos.
Por otro lado, HRW ha denunciado que desde que envió la carta, las autoridades han transferido a al menos 10 prisioneros desde el módulo 350 al penal Rajai Shahr, en Karaj, a 45 kilómetros al oeste de Teherán. Además, otros cinco reclusos han sido confinados en celdas de aislamiento en el módulo 240. También ha señalado que no está claro el motivo por el que los prisioneros han sido trasladados y ha mostrado su preocupación por que estas acciones estén relacionadas con los incidentes del mes de abril.
GARANTÍAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO IRANÍ
En la carta enviada por HRW, la ONG mostraba su intranquilidad por las medidas de represalia y disciplinarias y recordaba que tanto el ordenamiento jurídico de Irán como la legislación internacional garantizan la protección de los acusados.
"El ataque en la prisión de Evin es un síntoma del gran problema con respecto a los funcionarios de prisiones en su trato a los prisioneros condenados y sentenciados por cargos claramente políticos", ha denunciado Stork. "Solemos hablar de los terribles abusos en prisiones, pero nos olvidamos de que, para empezar, la gente no debería estar allí", ha concluido.
La ONG también ha destacado que el reo Gholamreza Josvari Savadjani fue ejecutado en la prisión Rajai Shahr después de haber sido acusado de 'moharabeh' o "enemigo de Dios" por sus supuestos lazos con la organización opositora Mojahedin Jalaq. Fuentes cercanas a los hechos aseguraron a HRW que Savadjani fue considerado uno de los principales responsables de los incidentes del 17 de abril, motivo por el que se aprovechó que tenía una sentencia firme para ejecutarle.
Sin embargo, se produjeron numerosos errores procesales durante su juicio y encarcelación, ya que funcionarios de la judicatura ignoraron importantes enmiendas del código penal que requerían una revisión y anulación de la orden de ejecución.
