MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha reclamado este jueves a las autoridades de Tailandia que retiren los cargos presentados contra 39 activistas detenidos el sábado durante una manifestación contra la junta militar en la capital del país, Bangkok.
"Al imputar a activistas por manifestarse pacíficamente contra el gobierno militar, la junta de Tailandia demuestra su poca voluntad de aminorar su represión política", ha dicho el director de HRW para Asia, Brad Adams.
"Con cada imputación arbitraria contra opositores y críticos, la junta se burla de sus promesas para restaurar la democracia en Tailandia", ha manifestado.
Las autoridades han presentado cargos por sedición contra siete de los detenidos, quienes se exponen a penas de hasta siete años de cárcel. Los imputados reclamaban a la junta que retirara las restricciones a los derechos fundamentales y la celebración de elecciones en noviembre.
El jefe de la junta militar que gobierna Tailandia desde el golpe de Estado de mayo de 2014, el general Prayuth Chan Ocha, dijo el martes que necesita pasar más tiempo al frente del país para poder preparar las próximas elecciones parlamentarias, las primeras desde la asonada.
Prayuth ha aplazado la fecha de las próximas elecciones legislativas en varias ocasiones desde que lideró el golpe de Estado que puso fin al Gobierno surgido de los anteriores comicios, en los que se impuso el partido Pheu Thai. El general aseguró en 2017 que los comicios se celebrarían a finales de 2018.
Sin embargo, la semana pasada, el Parlamento tailandés, conformado por representantes designados por las Fuerzas Armadas, votó a favor de volver a aplazar otros 90 días el desarrollo de la nueva ley electoral, lo que supone aplazar la cita con las urnas.
Algunas voces disidentes apuntan a que a Prayuth le gustaría mantenerse en el poder después de las elecciones generales. Según la nueva Constitución, aprobada en 2017, las Fuerzas Armadas tienen que aprobar al candidato a jefe de Gobierno para que este acceda al poder y los altos mandos pueden vetar a un candidato.
Otros críticos dentro y fuera de Tailandia han advertido que la junta debe permitir que un gobierno civil dirija el país o si no se arriesga a tener que lidiar con la creciente insatisfacción de la población.
"El general Prayuth y la junta militar se han afianzado en el poder con cada día que pasa, y el pueblo tailandés paga el precio con la pérdida de sus derechos fundamentales", ha recalcado Adams.
"Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y otros gobiernos deben presionar urgentemente a la junta para que ponga fin a la represión, restaurar el respeto por los derechos fundamentales y devolver Tailandia a un gobierno civil democrático", ha zanjado.
