Advierte de que dejará a cientos de británicos como apátridas
MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
La nueva Lista de Medidas de Investigación y Prevención del Terrorismo (TPIM) de Reino Unido incluye algunas que podrían atacar la libertad de movimientos, la vida familiar y la libertad de expresión, además de causar el enfrentamiento entre comunidades, según ha denunciado este lunes Human Rights Watch (HRW).
El Parlamento comenzará las deliberaciones sobre el proyecto de ley el viernes 2 de diciembre, durante su segunda discusión en la Cámara de los Comunes. "El Gobierno de Reino Unido se está dando prisa en hacer algunos cambios problemáticos en política antiterrorista", ha dicho la investigadora para Europa Occidental de HRW, Izza Leghtas. "El Parlamento debería aprender las lecciones del pasado, cuando aprobó medidas antiterroristas apresuradamente", ha añadido.
"Los Gobiernos de todo el mundo consideran las políticas y leyes de Reino Unido un ejemplo", ha asegurado Legthas. "Estas medidas envían el peligroso mensaje de que violar las libertades de los supuestos delincuentes es aceptable en nombre de la seguridad", ha sentenciado.
La TPIM llega cuando crece el número de ciudadanos occidentales que se unen a grupos terroristas en Siria e Irak, la mayoría, al Estados Islámico. La ministra del Interior británica, Theresa May, aseguró en 2010 que el Gobierno conseguiría el equilibrio entre la libertad y la seguridad.
RETIRADA DE PASAPORTE Y APÁTRIDAS
Si estas medidas se aprueban, la nueva lista permitiría a la Policía confiscar el pasaporte a ciudadanos, británicos o no, sospechosos de abandonar Reino Unido para dedicarse a actividades terroristas en el extranjero.
Los pasaportes estarían confiscados hasta 14 días, e incluso 30, si un tribunal ve necesario tomar más medidas contra el sospechoso. Pasado ese tiempo, se le podría volver a retirar, en caso de que se tengan más indicios contra él.
Sin embargo, el Tratado Internacional de Derechos Políticos y Civiles (ICCPR), al que pertenece Reino Unido, establece que cualquiera tiene derecho a abandonar cualquier país, incluido el suyo. También señala que debe haber evidencias que justifiquen la retirada del pasaporte.
La nueva batería de medidas que pretende aprobar el Gobierno de David Cameron incluye prohibir la entrada en Reino Unido durante dos años a ciudadanos británicos y residentes sospechosos de haber participado en actividades terroristas en el extranjero, lo que significaría darles el estatus de apátridas durante ese periodo de tiempo.
La prohibición significa, según HRW, que la persona debería entregarse a las autoridades británicas a su regreso al Reino Unido, aunque el texto del Gobierno no deja claro si con esto, la persona quedaría libre.
En este sentido, tanto el ICCPR como la Declaración Universal de Derechos Humanos prohíben impedir a ninguna persona la entrada en su país de origen. Además, Reino Unido tiene la obligación de evitar, por su parte, la existencia de apátridas.
FIN DEL SUPUESTO TERRORISMO EN LA UNIVERSIDAD
El Gobierno también quiere que el Ministerio del Interior pueda controlar las escuelas y universidades, entre otras instituciones, para "prevenir las adhesiones al terrorismo".
Theresa ha afirmado que el Ministerio podría decidir los invitados a dar conferencias, lo que, según HRW, atacaría la libertad de expresión y la libertad de cátedra, y además, servir de ejemplo a otros Gobiernos para prohibir a las personas con ideas distintas expresarse.
Las TPIM cuenta con aprobar el dispersar hasta a 200.000 supuestos terroristas en distintas zonas del Reino Unido, aunque no estén condenados por ningún delito, además de restringir su libertad de movimientos e impedir que se asocien.
De ser así, HRW alerta de que afectaría a su empleo y a su familia, además de recordar que tanto el ICCPR como la Convención Europea de Derechos Humanos, aunque no recogen el derecho a una vida familiar como absoluto, sí dan a las autoridades de cada país la responsabilidad de revisar posibles ataques.
El incumplimiento de una de las TPIM se penaría con hasta diez años de cárcel, aunque dejaría a los tribunales la competencia de revisar estas penas.
HRW ve, como elemento positivo, la propuesta de crear una Junta de Libertades Privadas y Civiles que controle las TPIM, que debería ser independiente del Gobierno e incluir expertos en Derechos Humanos.
