GINEBRA, 12 Nov. (Reuters/EP) -
Las autoridades iraquíes han expresado el lunes su "profundo pesar" por las muertes de los manifestantes tras semanas de protestas antigubernamentales, aunque han defendido el control de la situación por parte de Bagdad.
"Queremos expresar nuestro más profundo pesar por el número de asesinados", ha manifestado el ministro de Justicia, Farouq Amin Othman, a diplomáticos internacionales reunidos en la Revisión Periódica Universal (RPU) de la ONU. "Nuestra constitución garantiza la paz y el objetivo de nuestras autoridades es proteger a los manifestantes", ha agregado.
Asimismo, ha reconocido que ha habido "violaciones individuales" por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad y ha asegurado que los implicados están siendo investigados.
Por otra parte, el Gobierno ha asegurado que ha puesto en marcha un plan para liberar a los manifestantes detenidos y para la reforma electoral, que ha sido instada por Naciones Unidas.
Al respecto, el embajador de Irak ante Naciones Unidas en Ginebra, Hussain Mahmood Alkhateeb, ha indicado que "ningún manifestante permanecerá en prisión a menos que haya una investigación de delitos contra ellos".
Tras ser preguntado sobre si Irak consideraría juzgar a los miembros de Estado Islámico en su propio territorio, como lo han solicitado Francia y Estados Unidos, ha apostillado que "Irak cree que los países deberían juzgar a sus ciudadanos". "Esta es una política con la que estamos comprometidos", ha añadido.
"LA FUERZA HA SIDO ILEGAL, INDISCRIMINADA Y EXCESIVA"
Fuentes diplomáticas de diferentes países, incluyendo Estados Unidos, han criticado la actuación de los agentes de seguridad iraquíes y han recomendado cesar el uso de la fuerza.
"Recomendamos que se cese inmediatamente la fuerza excesiva contra las manifestaciones pacíficas, especialmente el uso ilegal de gases lacrimógenos y munición real, así como llevar ante la Justicia, de manera transparente, a los responsables de esta violencia", ha dicho el consejero de Derechos Humanos de la Misión de Estados Unidos en Ginebra, Daniel Kronenfeld.
Por su parte, Países Bajos ha calificado el control policial como "ilegal, indiscriminado y excesivo". Mientras, Alemania ha manifestado su "profunda preocupación" y ha urgido a Irak a dar "pasos inmediatos" para evitar la pérdida de más vidas.
Al menos 300 personas han muerto desde que comenzaron en octubre las protestas contra la corrupción, el desempleo y la deficiencia de los servicios públicos.
Una misión de la ONU en el país ha acusado al Gobierno iraquí de hacer un uso excesivo de la fuerza y ha apostado por una reforma electoral con apoyo técnico de la organización, una reforma del sector de la seguridad que prohíba cualquier arma fuera del control de Estado y que ilegalice a "cualquier entidad armada ilegal o elemento díscolo", contra quienes deberá actuar el Estado.
