NUEVA YORK, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, expresó hoy su beneplácito por la decisión del Gobierno británico de permitir que el ex presidente de Liberia, Charles Taylor, cumpla en Reino Unido la sentencia que le sea impuesta por el Tribunal Especial para Sierra Leona.
La medida hará posible que el juicio por crímenes de guerra al ex mandatario se transfiera a La Haya, en Países Bajos. "Le agradezco al primer ministro Tony Blair y a la ministra de Exteriores, Margaret Beckett, esta decisión de Estado, que marca un paso adelante más en nuestra batalla contra la impunidad para los crímenes más viles", afirmó Annan en una rueda de prensa en la sede de la ONU en Nueva York.
Taylor se enfrenta a una serie de acusaciones --que incluyen crímenes contra la humanidad y otras violaciones graves de las leyes humanitarias internacionales-- por las cuales debe responder ante el Tribunal para Sierra Leona, cuya sede se encuentra en Freetown, capital de ese país.
No obstante, cuando el ex líder fue detenido, el Tribunal Especial consideró que su presencia física en Sierra Leona podía afectar la estabilidad y amenazar la paz en la región, por lo que fue enviado a La Haya.
Taylor, de 58 años, vivió exiliado en el sureste de Nigeria desde que salió del poder en Liberia en 2003 hasta el pasado 27 de marzo, cuando huyó después de que el presidente nigeriano, Olusegun Obasanjo, anunciara que colaboraría con su extradición.
El ex dignatario trató de escapar a Camerún, pero las autoridades nigerianas le capturaron dos días después y le trasladaron inmediatamente a Monrovia, donde se entregó su custodia a la ONU y fue llevado a Sierra Leona. Los cargos que pesan sobre Taylor fueron perpetrados durante su intervención en la guerra civil de Sierra Leona entre 1997 y 2003.
El Tribunal Especial para Sierra Leona es una instancia independiente establecida en 1996 por Naciones Unidas, según el mandato de una resolución del Consejo de Seguridad, y el Gobierno del país africano para procesar a los responsables de violaciones graves de las leyes humanitarias internacionales, tales como los crímenes de guerra, durante la guerra civil que ocurrió de 1991 a 2002. Hasta el momento, el Tribunal ha acusado a once personas relacionadas con las tres antiguas facciones armadas del país.
