MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Departamento de Seguridad Costera de Libia ha negado este jueves la participación de grupos armados vinculados con las instituciones de seguridad en las redes de tráfico de personas hacia Europa.
Tariq Shanbur, director del organismo --dependiente del Ministerio del Interior--, ha resaltado que el país es un punto de tránsito, lo que aumenta la posibilidad de que haya otras partes implicadas.
"No tenemos la responsabilidad solos, y de hecho esto demuestra que Libia es también víctima (de la situación)", ha resaltado, según ha informado el diario local 'The Libya Observer'.
Asimismo, ha manifestado que las acusaciones contra el Ministerio del Interior sobre su posible papel en el tráfico de personas sólo pueden ser aceptadas en caso de que haya un fallo judicial.
Shanbur ha denunciado además que Libia es víctima de una "campaña de desinformación" por parte de los medios de comunicación para "conseguir objetivos cuestionables que son planeados en las sombras", sin dar más detalles.
Las declaraciones del director del Departamento de Seguridad Costera de Libia llegan un día después de que saliera a la luz que la mayoría de los grupos armados involucrados en el tráfico de personas en Libia tienen lazos con las instituciones de seguridad del país, según indicaron expertos en sanciones en un informe ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al que tuvo acceso la agencia británica de noticias Reuters.
Los traficantes de personas, que operan en Libia con impunidad, han facilitado el envío de cientos de miles de migrantes hacia las costas europeas, principalmente las italianas, desde 2014. Miles han muerto durante la travesía en el mar Mediterráneo.
"Los grupos armados, que eran parte de organizaciones político-militares más grandes, se han especializado en actividades ilegales de contrabando, principalmente tráfico de personas", dijeron los expertos, quienes recalcaron que la mayoría de estos grupos "están afiliados nominalmente a instituciones oficiales de seguridad".
Los expertos presentaron el informe en el marco de su supervisión del embargo de armas y régimen de sanciones que el Consejo de Seguridad de la ONU impuso contra el país en 2011, en el marco del levantamiento contra el Gobierno de Muamar Gadafi.
El documento recoge testimonios de migrantes que relataron que fueron arrestados por la Fuerza Especial de Disuasión (SDF), un grupo armado afiliado al gobierno de unidad nacional reconocido internacionalmente.
Los migrantes afirmaron que la SDF les entregó posteriormente a bandas dedicadas al tráfico de personas, lo que ha llevado a los expertos a analizar su la cúpula del grupo "es consciente de que la colusión y el tráfico de personas es llevado a cabo por sus integrantes".
"El panel está preocupado por la posibilidad de que se usen instalaciones y fondos estatales por parte de grupos armados y traficantes para mejorar su control de las rutas migratorias", señalaron los expertos.
En respuesta, el portavoz de la SDF, Ahmad bin Salem, subrayó que el grupo "no tiene nada que ver con el contrabando", agregando que "lucha contra la migración ilegal y ha arrestado a muchos traficantes".
Agencias internacionales han dicho a los expertos que la Dirección de Lucha contra la Migración Ilegal no tiene control sobre sus 24 centros de detención, y los migrantes entrevistados han asegurado que las instalaciones están bajo control de grupos armados locales.
"Los combatientes extranjeros y los grupos armados, que entran y salen de Libia, explotan la proliferación descontrolada de armas y material relacionado en Libia, lo que deriva en violaciones regulares del embargo de armas (de la ONU)", remacharon los expertos.
