MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Consejo Consultivo de los Derechos Humanos de Marruecos y director de la Instancia Equidad y Reconciliación (IER), Driss Benzekri, aseguró hoy que el Estado es responsable del 90 por ciento de las violaciones de Derechos Humanos perpetrados en el país magrebí entre 1955 y 1999 e instó a la puesta en marcha de reformas institucionales y constitucionales para que estos hechos no se repitan en el futuro.
"Marruecos ha llegado a esa fase en la que es necesario consolidar el respeto a los Derechos Humanos mediante garantías constitucionales claras", declaró Benzekri durante una mesa redonda organizada en Madrid por la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE), el Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos (TEIM) de la Universidad Autónoma de Madrid y la sección española de Amnistía Internacional.
El pasado 16 de diciembre, IER hizo entrega al Rey de Marruecos de sus conclusiones tras las investigaciones llevadas a cabo sobre las violaciones de Derechos Humanos en el periodo entre 1955 y 1999. En sus investigaciones, la IER determinó a partir de testimonios, informes de las autoridades, informes de Amnistía Internacional y localizaciones de fosas comunes, que hubo graves violaciones al menos en 16.861 casos individuales, incluidos 742 casos constatados de desaparición forzada.
"Lo más importante, en primer lugar, era determinar la responsabilidad, y hemos comprobado que en el 90 por ciento de los casos el Estado fue el responsable directo", aseguró Benzekri. En esos casos intervinieron tanto las fuerzas estatales como las milicias paramilitares que lucharon por la independencia y que siguieron activas en los años cincuenta.
"En estos casos también la responsabilidad incumbía en el Estado, por negligencia e incapacidad para proteger a los ciudadanos que expresaban puntos de vista diferentes", prosiguió.
Aparte, la Policía y la gendarmería también es responsable de "arrestos, secuestros y desapariciones de pruebas" y en varios periodos diferentes (sobre todo entre 1975 y 1978 y en años concretos, como 1981, 1984 y 1990) "el responsable fue el Ejército", como pudieron comprobar los autores del informe de IER mediante el estudio de los archivos militares.
Asimismo, "la justicia jugó un papel importante en la impunidad" debido a que "no desempeñó el papel que le correspondía en el seguimiento de estos hechos", por lo que "estimuló la impunidad al no sancionar a los responsables", prosiguió Benzekri.
En total, un 95 por ciento de los más de 16.000 casos comprobados corresponden a detenciones arbitrarias o ilegales y entre el 0,5 y 2 por ciento a desapariciones, una "violación atroz" de los Derechos Humanos.
Asimismo, las torturas estuvieron presentes "en todos estos niveles", aparte de la violencia, el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades o las violaciones sexuales a mujeres, explicó Benzekri.
Por todo ello, la IER ha recomendado toda una serie de reformas políticas en la Constitución para que "nada de esto vuelva a suceder", entre las que destacan la "primacía del derecho internacional sobre el nacional, sobre todo en materia de Derechos Humanos", la abolición de la pena de muerte, la ratificación del Estatuto del Tribunal Penal Internacional (TPI) y la separación de poderes. "Una democracia que funcione es la mejor manera de que se respeten los Derechos Humanos", aseveró el director de la IER.
