BRUSELAS, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Asuntos Exteriores tanzano y presidente de turno de la Unión Africana, Bernard Membe, consideró hoy necesario "mantener la presión" sobre los militares en Mauritania que derrocaron al Gobierno democráticamente elegido en un golpe militar el pasado 6 de agosto a fin de permitir el regreso de la democracia y la vuelta al orden constitucional previo al mismo en el país africano.
Membe reconoció que en el caso de Zimbabue el acuerdo entre el presidente Robert Mugabe y el líder del opositor Movimiento por el Cambio Democrático, Morgan Tsvangirai, para compartir el poder no hubiera sido posible sin las sanciones impulsadas contra el régimen de Mugabe por la Unión Europea y Estados Unidos.
"Las sanciones han tenido un impacto significativo" en la conclusión del acuerdo en Zimbabue, reconoció. "Las sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos han conseguido que las cosas se produzcan como lo han hecho", recalcó. Además de las sanciones, el acuerdo fue posible gracias también a "la presión" ejercida por la Comunidad de Desarrollo del África Austral (SADC) y a "la persistencia" del propio Tsvangirai, ganador de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del pasado marzo.
En la rueda de prensa posterior a una reunión bilateral entre la Unión Europea y la Unión Africana en Bruselas, Membe explicó que Mauritania actualmente no forma parte de la UA debido al golpe. La Unión Africana prevé que si un Gobierno es derrocado por la fuerza el país se "suspende a sí mismo" como miembro.
Asimismo, explicó que el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Jean Ping, pudo constatar que el presidente derrocado, Abdulahi Sidi Uld Cheij Abdalahi, está "muy sano" pese a seguir encarcelado por los militares golpistas. El presidente derrocado trasmitió a Ping que todavía se considera el presidente democrático del país.
Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea acordaron remitir ayer una carta a Mauritania para abrir consultas bilaterales que permitan la vuelta al orden constitucional. Si Nuackchot, que tiene 30 días para responder, rechaza hacerlo, la Unión Europea podría congelar eventualmente una partida de ayuda al desarrollo para el país africano valorada en 156 millones de euros.
