WASHINGTON, 16 Feb. (Reuters/EP) -
Las organizaciones no gubernamentales estadounidenses cuyos miembros han sido acusados recientemente en Egipto han advertido este jueves de que estas personas podrían acabar en la cárcel pese a que no han hecho nada ilegal o inadecuado.
Los presidentes de estas ONG se han dirigido al Congreso de Estados Unidos, donde han afirmado que la represión ejercida por las autoridades militares egipcias contra organizaciones de la sociedad civil es un claro intento de desbaratar el proceso de transición a la democracia. El principal actor de la acusación popular en este caso es el ministro de Cooperación Internacional, Faiza Abul Naga.
El presidente del Instituto Republicano Internacional (IRI), Lorne Craner, ha planteado ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes que la opción "más probable" para los detenidos es "un juicio con posibilidad de prisión".
En total, las autoridades egipcias han imputado desde la operación, iniciada el 29 de diciembre, a 43 personas, de las cuales alrededor de una veintena tienen nacionalidad estadounidense. Uno de los miembros de IRI detenidos es el director de la organización en Egipto, Sam LaHood, hijo del secretario de Transportes de Estados Unidos.
Por orden de las autoridades, estos detenidos no pueden abandonar el país norteafricano, lo que ha llevado a algunas personas a buscar refugio en la Embajada de Estados Unidos en El Cairo. Son sospechosos de trabajar para organizaciones que no cuentan con los permisos legales para trabajar en Egipto y de aceptar financiación extranjera sin autorización previa.
LEY O POLÍTICA
El Gobierno egipcio ha defendido desde un principio de que se trata de un operativo de carácter legal y sin trasfondo político, pero Washington ya ha puesto en cuestión el envío de ayuda al país norteafricano por estos hechos. Estados Unidos contribuye con alrededor de 1.300 millones de dólares al año al crecimiento de Egipto.
El presidente de Freedom House, David Kramer, ha denunciado que "ni siquiera con Hosni Mubarak los compañeros de las ONG sufrían estos ataques". "En ninguna otra parte del mundo nuestras delegaciones han sido tratadas así", ha agregado, antes de recordar que pese a las "promesas" de la Administración egipcia las oficinas siguen cerradas y los equipos y documentos continúan incautados por el Ministerio de Justicia.
"Nuestro personal se enfrenta a interrogatorios hostiles por parte de jueces de instrucción y a la perspectiva de un encarcelamiento", ha lamentado Kramer.
En su opinión, "la represión contra la sociedad civil representa un claro esfuerzo de bloquear la transición democrática en Egipto", a lo que se suma que "muchos egipcios" creen que el Ejército "ha secuestrado la revolución y lo que representaba".
Por su parte, el principal responsable del Instituto Nacional Democrático, ha declarado que la denuncia se basa en acusaciones infundadas y ha insistido en que el objetivo de las ONG es "apoyar un proceso transparente y democrático que dé a la población libertad para tomar decisiones". Según la versión trasladada al Congreso, nunca han formado o financiado a ningún tipo de organización o movimiento político.
