La familia amenaza con acciones legales por supuestas irregularidades en el protocolo de detención El ex presidente peruano Alan García ha muerto este miércoles, horas después de haberse propinado un disparo en la cabeza cuando las fuerzas de seguridad han acudido a su domicilio para detenerlo en relación con la trama de cobro de sobornos a cambio de contratos públicos que protagoniza la constructora brasileña Odebrecht en toda la región. La noticia de la muerte de García ha sido anunciada por los miembros del APRA --el partido político del ex presidente-- Omar Quezada y Nidia Vílchez desde el Hospital Casimiro Ulloa donde estaba siendo operado de urgencia, según informa el diario peruano 'El Comercio'. "Consternado por el fallecimiento del ex presidente Alan García. Envío mis condolencias a su familia y seres queridos", ha escrito en su cuenta oficial de Twitter el actual mandatario, Martín Vizcarra, confirmando así el deceso de su antecesor en el cargo. El desencadenante del trágico suceso es la orden que la Fiscalía emitió a medianoche del martes (hora local) pidiendo diez días de prisión preliminar para García y otras ocho personas, entre ellas algunos de sus antiguos colaboradores, por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de Odebrecht. Según ha contado en rueda de prensa el ministro de Interior, Carlos Morán, agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad han acudido a las 6.30 (hora local) a la vivienda de García en el barrio limeño de Miraflores para cumplir la orden de prisión preliminar. García, "indicando que iba a hacer una llamada telefónica a su abogado, ingresó en su habitación y cerró la puerta tras de él". "A los pocos minutos, se escuchó el disparo de un arma de fuego y la Policía forzó el ingreso a la habitación y encontró al señor García sentado con una herida en la cabeza", ha relatado Morán. Su abogado, Erasmo Reyna, ha confirmado que "tomó la decisión de dispararse". De acuerdo con la prensa peruana, García se disparó en el lateral derecho del cráneo, por lo que fue internado de urgencia en el Hospital Casimiro Ulloa de Lima. El Ministerio de Salud ha informado en un escueto comunicado de que García ingresó a las 6.45 "con diagnóstico de impacto de bala, entrada y salida, en la cabeza". Allí se ha sometido a una intervención quirúrgica durante la cual ha sufrido hasta tres paros cardíacos y "una hemorragia cerebral masiva". POSIBLE DENUNCIA En sus primeras declaraciones tras la muerte de García, su abogado ha anunciado que la familia emprenderá acciones legales contra los funcionarios de la Fiscalía y Policía que han participado en la ejecución de la orden de arresto por supuestas irregularidades. La prensa peruana ha cuestionado que los funcionarios dieran al líder del APRA unos minutos de libertad justo antes de que fuera arrestado, por considerar que los agentes debían haberlo acompañado para realizar la llamada telefónica a su abogado, garantizando así su seguridad. "Quiero puntualizar que la intervención de la Policía Nacional se ha apegado estrictamente a los protocolos establecidos, apoyada en una diligencia dictada por un juez en un caso emblemático como 'Lava Jato'", ha sostenido el ministro de Interior. Morán ha revelado además que, tras el disparo, personal de la Policía y Fiscalía ha ido a la casa de García para "iniciar diligencias y levantar indicios que van a ser materia de un informe policial posterior" del que e Gobierno ha prometido "dar cuenta". Así las cosas, el Control Interno del Ministerio Público ha anunciado en un comunicado la apertura de una investigación preliminar contra los fiscales José Domingo Pérez y Henry Amenabar por presuntas infracciones administrativas en torno a la detención de García. Ha pedido a los dos fiscales que en el plazo de cinco días presenten "un informe de hechos respecto a los cuestionamientos formulados, debiendo adjuntar documentación que sustente su informe", y a la Oficina de Imagen Institucional que le remita todas las noticias periodísticas sobre cómo fue al arresto de García. MOVILIZACIÓN DEL APRA Hasta el Casimiro Ulloa también se han desplazado algunos de los seis hijos de García y numerosos simpatizantes del APRA. Minutos antes de que se anunciara la muerte de García, se han producido enfrentamientos entre los 'apristas' y las fuerzas de seguridad, que finalmente han quedado en nada. El diputado del APRA Jorge del Castillo ha convocado "a los 'apristas' de todo el Perú a asistir esta noche a la Casa del Pueblo". "En este momento de profundo dolor es cuando debemos reafirmar nuestra unidad y la fraternidad", ha dicho en Twitter. Ricardo Pinedo, ex secretario personal de García, ha anunciado que el féretro del antiguo mandatario será trasladado a la Casa del Pueblo, sede fundacional del APRA, donde a las 19.00 (hora local) comenzará el velatorio, a la espera de que se conozca cómo será la despedida oficial del ex jefe de Estado. CASO ODEBRECHT García estaba siendo investigado por presuntos sobornos en la construcción de dos tramos de la Línea 1 del metro de Lima, proyecto en el que estaba involucrada Odebrecht. La Policía ha detenido este miércoles a Luis Nava, ex secretario general de Presidencia, y Miguel Atala, ex vicepresidente, mientras que Enrique Cornejo, ex ministro de Transportes y Comunicaciones, se ha entregado. El ex presidente siempre ha defendido su inocencia y el martes reiteró esta postura en un mensaje publicado en Twitter: "Como en ningún documento se me menciona y ningún indicio ni evidencia me alcanza, sólo les queda la ESPECULACIÓN o inventar intermediarios. Jamás me vendí y está probado". García gobernó Perú en dos mandatos --de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011-- y en los últimos años ha hecho frente a las acusaciones vertidas contra él por presunta corrupción. En noviembre, solicitó asilo sin éxito a Uruguay tras refugiarse en la Embajada uruguaya en Lima. Además de a García, la trama corrupta de Odebrecht ha salpicado a los también ex presidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuzcynski, así como a la líder opositora Keiko Fujimori. Todos aguardan la resolución de sus causas judiciales en la nación andina menos Toledo, que esta pendiente de la extradición desde Estados Unidos.
