MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -
Naciones Unidas ha condenado este martes la ejecución de dos personas condenadas por terrorismo en Bahréin y ha recordado que existían denuncias sobre las torturas que habrían sufrido dos de ellos para lograr que "confesaran".
Se trata de Alí al Arab, de 25 años, y Ahmed al Malali, de 24, que fueron condenados a muerte en 2018, en una sentencia ratificada por los tribunales de apelación y casación. De los otros 56 acusados, 19 recibieron cadena perpetua, 17 una pena de 15 años de cárcel, nueve a diez años y cinco a once, mientras que dos fueron absueltos.
Al Arab y Al Malali fueron declarados culpables de formar un grupo terrorista, buscando financiación, reclutas y armas, para atentar en Bahréin. Según las autoridades judiciales, el supuesto líder está prófugo en Alemania, mientras que otros miembros vivían en Irak e Irán, donde habrían recibido apoyo de la Guardia Revolucionaria, un cuerpo de élite de la República Islámica.
El portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, ha recordado que el tribunal ratificó la sentencia "pese a que ambos indicaron que fueron torturados para confesar unos crímenes que no cometieron".
"También estamos muy preocupados por el futuro de otros detenidos que están en el corredor de la muerte en Bahréin y en riesgo de ejecución inminente", ha manifestado, antes de pedir al Gobierno que "suspenda todas las ejecuciones y garantice la repetición del juicio de aquellos acusados cuyos derechos pudieran haber sido violados".
"Respaldamos totalmente el llamamiento de expertos de la ONU a las autoridades de Bahréin para que establezcan una moratoria oficial a todas las ejecuciones de cara a la abolición de la pena de muerte", ha remachado Colville.
Al Arab y Al Malali fueron ejecutados al amanecer del sábado por un pelotón de fusilamiento junto a un tercer reo condenado por matar al imán de la Mezquita Bin Shadá y desmembrarlo para deshacerse del cadáver.
CONTEXTO POLÍTICO
Bahréin, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas registradas en su territorio desde 2011.
En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de 2011, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.
La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Desde el inicio de las manifestaciones, cientos de personas han sido condenadas a penas de cárcel por su presunta pertenencia a organizaciones terroristas, así como por participar en manifestaciones o disturbios.
