MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha expresado este jueves su "gran preocupación" por los arrestos arbitrarios, juicios y condenas de activistas pro Derechos Humanos en Arabia Saudí.
En concreto, Pillay se ha referido al caso del activista Walid Abu al Jair, condenado a 15 años de cárcel y al pago de una multa de 200.000 riyales saudíes (unos 39.200 euros), la prohibición de viajar fuera del país durante los 15 años posteriores a su excarcelación y el cierre de todas sus páginas en Internet.
Así, ha sostenido que este caso ejemplifica "el acoso que sufren los defensores de los Derechos Humanos en el país", resaltando que muchos activistas "han sido condenados a penas de cárcel por promover las garantías básicas de forma pacífica".
Pillay se ha mostrado preocupada además por el trato que reciben dichos activistas en los centros de detención y ha recordado que "el confinamiento en solitario y los latigazos a los detenidos son una práctica común".
El periodista de CNN Mohammed Jamjoom informó tras la sentencia que Abu al Jair se ha negado a firmar el acta del juicio y que no apelará la sentencia porque no reconoce la legitimidad del tribunal, según le ha relatado la esposa del procesado, Samar Badawi. La mujer ha denunciado que "el veredicto no es justo" y ha atribuido la pena impuesta a su activismo.
En octubre del año pasado Abu al Jair ya fue condenado a tres meses de prisión por firmar en 2011 en contra del encarcelamiento de un grupo que pedía reformas en el sistema político saudí.
Abu al Jair es el fundador y director de la organización Observador de Derechos Humanos en Arabia Saudí, crítica con la reciente ley antiterrorista aprobada por las autoridades por considerarla una herramienta para reprimir la discrepancia.
La ley, instaurada a principios de este año, considera delito terrorista cualquier acción que "perturbe el orden público, comprometa la seguridad de la sociedad, haga peligrar la unidad nacional, obstruya el sistema de gobierno primario o dañe la reputación del Estado".
