TRÍPOLI, 31 Mar. (Reuters/EP) -
El Congreso General Nacional de Libia (CGN) ha aprobado este domingo una nueva ley electoral, lo que allana el camino para la celebración de elecciones generales este año, a la espera de que la Comisión Electoral fije una fecha. Los candidatos tendrán que presentarse de forma independiente tras la prohibición a los partidos a presentarse en listas.
El organismo acordó en febrero celebrar elecciones anticipadas en medio de las críticas contra sus miembros por su decisión de extender su mandato, que finalizaba el 7 de febrero, para permitir a la asamblea constituyente preparar la nueva Carta Magna.
El CGN solicitó esta misma semana a los 47 miembros de la asamblea constitucional electa el 20 de febrero que celebren su primera encuentro el 14 de abril en la localidad de Beida, a pesar de estar incompleta.
La congresista Naima al Hami indicó que 66 parlamentarios de los 85 presentes votaron a favor del inicio de los trabajos de la comisión, pese a que se consideraba que la misma estaría paralizado hasta que fueran electos los 60 miembros que la componen.
El CGN pidió poco antes a la Comisión Electoral que organizara nuevas elecciones para los trece escaños que quedaron vacantes en medio de los boicots de varios grupos, entre ellos los amazig y varias tribus del país.
A pesar de que cualquier decisión relacionada con la asamblea constitucional es considerada un asunto constitucional y necesita 120 votos en el CGN para ser aprobada, el parlamentario Sulaiman Zubi afirmó que este caso es una excepción, si bien no dio motivos del por qué.
En los últimos meses se han sucedido una serie de manifestaciones y dimisiones en el seno del CGN por su decisión de extender su mandato más allá del 7 de febrero, fecha límite del mismo, para facilitar la creación de la comisión que debe redactar la nueva Constitución.
No existe un acuerdo general sobre la interpretación que se ha de hacer sobre el marco temporal de autoridad del organismo estipulado por la Declaración Constitucional de Transición (DCT).
La postura que defiende la extensión argumenta que no debe existir una fecha límite para las actividades del CGN y que éste debe seguir vigente hasta que finalice sus tareas con el objetivo de evitar un vacío de poder.
Sin embargo, sus opositores defienden que el organismo es interino y que no tiene los poderes de un Parlamento electo, por lo que, en caso de tener que extender su mandato, ha de buscar el apoyo popular a la decisión a través de un referéndum.
