NUEVA YORK, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha afirmado este lunes que la ley aprobada en Uganda que endurece las penas de prisión por actos de homosexualidad e incluye la cadena perpetua para los que 'reincidan' en prácticas homosexuales "viola las garantías básicas y podría fomentar la discriminación, el acoso y la violencia contra las minorías sexuales".
"La desaprobación de la homosexualidad por parte de algunos nunca puede justificar que se violen los derechos fundamentales de otros", ha dicho, antes de resaltar que esta legislación "puede llevar a abusos de poder y a formular acusaciones contra cualquiera".
Así, ha recordado que Uganda está obligado, tanto por su Constitución como por el Derecho Internacional, a respetar los derechos de todos los individuos y protegerlos contra la discriminación y la violencia".
Pillay ha mostrado además su preocupación por el hecho de que la nueva ley pueda amenazar el trabajo de los activistas pro Derechos Humanos en el país y los esfuerzos para prevenir la propagación del VIH.
"Con las tasas de infección de VIH en aumento en Uganda, la ley tendrá un impacto negativo en los esfuerzos por prevenir la trasmisión y facilitar tratamiento a los pacientes con ese virus, y socava el compromiso del Gobierno de un acceso no discriminatorio a los servicios de salud", ha valorado.
La semana pasada, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) expresó su "gran preocupación" por el impacto que pudiera tener la legislación en caso de ser ratificada por el presidente, Yoweri Museveni.
"Los homosexuales tienden a evitar las pruebas de VIH y a no utilizar servicios de tratamiento y prevención por temor a la represión", explicó. El organismo calcula que en 2012 había un millón y medio de personas viviendo con el VIH en Uganda y se registraron 140.000 casos nuevos.
La nueva norma contra los homosexuales incluye penas de prisión para las personas que no denuncien ante la Policía los actos homosexuales. Los parlamentarios han excluido finalmente la cláusula que permitía la aplicación de la pena de muerte para los condenados en virtud de esta ley.
Desde su entrada en el Parlamento en 2009, la ley ha cosechado duras críticas a nivel internacional por parte de gobiernos occidentales y de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.
