LISBOA, 7 Mar. (de la corresponsal de EUROPA PRESS, Patricia Ferro) -
Los partidos de izquierda del arco parlamentario portugués aprobaron hoy una enmienda parcial, con el voto en contra de los dos grupos políticos de la derecha, al nuevo proyecto de ley del aborto, en el que se refleja el resultado del referéndum realizado el pasado 11 de marzo en el que ganó el 'sí' por la despenalización del aborto hasta las diez semanas de gestación por libre decisión de la madre.
Aunque la consulta no fue vinculante porque la abstención superó el 50%, el primer ministro corroboró que se respetaría el resultado y hoy se dio el primer paso para ello. La Comisión de Asuntos Constitucionales aprobó en la especialidad el nuevo proyecto de ley y mañana se votarán las enmiendas a la totalidad del proyecto en el Parlamento, y en caso de que sea aprobado tendrá que ratificarlo el Presidente de la República.
La enmienda al proyecto de ley del aborto presentado por el Partido Socialista (PS), el Comunista (PCP), el Bloco de Esquerda (BE) y los Verdes fue votado y aprobado en la Comisión de Asuntos Constitucionales. También fue aprobada una de las propuestas presentadas por el Partido Social Demócrata (PSD), mientras que las alternativas dadas por tres diputadas independientes del grupo parlamentario socialista y por el Partido Popular (CDS-PP), fueron rechazadas.
La nueva ley incluye la interrupción del embarazo hasta las 10 semanas por libre opción de la mujer en un centro de salud autorizado, pero antes tendrá que realizar una consulta médica obligatoria en la que le informarán de las opciones existentes y le proporcionarán todos los datos necesarios "sobre las condiciones de apoyo que el Estado puede dar para proseguir con la maternidad y el embarazo", este último aspecto fue incluido a petición del PSD.
Sin embargo, no fue admitida la segunda parte de esa propuesta en la que se solicitaba que se incluyese información "sobre los regímenes de adopción y acogida familiar", ya que en opinión de los partidos de izquierda, "esa idea va en contra del resultado del referéndum".
El PSD acusó al gubernamental partido socialista de "engañar a los portugueses" con esta ley, que en su opinión "consagra el aborto libre" y afirmó que "evitar abortos es una obligación fundamental del Estado", afirmó Marques Guedes, líder parlamentario de los socialdemócratas.
En respuesta, el PS aclaró que "todas las mujeres van a disponer de información" y que "el aborto no es libre porque tiene una primera consulta médica obligatoria", además de estar disponibles otras consultas de planificación familiar.
El líder parlamentario del PSD, defensor del "no" aunque su partido dio libertad de voto, insistió en que la ley debería establecer que la consulta médica previa a la realización de un aborto fuese orientada "para animar a la mujer a no interrumpir el embarazo".
El CDS-PP, que defendió oficialmente el 'no', recordó que el Presidente de la República apeló para que se intentase "unir a la sociedad portuguesa y no dividirla aún más" con esta nueva ley, dijo su portavoz parlamentario, Mota Soares.
"El Estado debería combatir el aborto", aseguró. "Este proyecto representa un claro retroceso en relación a lo que muchos diputados de esta Cámara dijeron a los portugueses durante el referéndum", alegó, en referencia a la importación de la ley alemana, que prevé un asesoramiento de disuasión de la interrupción del embarazo.
También las tres diputadas socialdemócratas que hicieron campaña por el 'sí' criticaron el nuevo proyecto de ley. "Yo no quiero el aborto libre, no fue por eso por lo que luché, por eso no pueden ahora de ninguna manera consagrar eso en la ley, es la negación de la campaña", afirmó Ana Manso.
La otra cara de la moneda fue defendida por la diputada socialista Ana Catarina Mendes que afirmó que siempre defendió lo que está en los artículos que hoy se aprobaron, una consulta en la que se faculte a la mujer de "información detallada" de acuerdo con "las buenas prácticas europeas".
LA APLICACIÓN
En caso de que el nuevo proyecto de ley sea aprobado en el Parlamento y por el Jefe del Estado, después el Gobierno tiene que regular cómo se va a procesar la interrupción voluntaria del embarazo en los establecimientos de salud reconocidos.
Otro de los asuntos que deberán ser aclarados es si los hospitales públicos están preparados para acoger las peticiones de aborto. El ministro de Sanidad, Correia de Campos, ha dicho que sí, pero falta por saber si el Estado va a compartir este servicio con clínicas privadas previamente autorizadas, como podría ser la española "Los Arcos" que ya anunció que se instalará en Lisboa.
Además, el Estado, tal como anunció, también tendrá que realizar un control exhaustivo de los médicos objetores de conciencia, ya que hay muchos que lo son en el sistema público y no así en el privado. Tampoco se conoce cuál será el coste para la sanidad ni cómo será financiado.
Pero además de la adaptación del sistema de salud público, la nueva legislación parlamentaria supone una alteración del código penal. Hasta ahora, aunque el aborto ilegal estaba penado por ley, los jueces no aplicaban las penas de prisión previstas en la ley. Ahora, la pregunta que surge es si con la despenalización hasta las diez semanas ¿serán los jueces más rigurosos en la aplicación de la nueva ley siempre que una mujer aborte después del plazo previsto y se siente en el banquillo de los acusados, o seguirán teniendo en cuenta las causas atenuantes?.
