LISBOA, 18 Oct. (de la corresponsal de EUROPA PRESS Patricia Ferro) -
El Parlamento portugués deberá aprobar mañana, jueves, el proyecto del Partido Socialista en el Gobierno para la realización de un nuevo referéndum sobre el aborto. En esta ocasión, tal como ocurrió en 1998, sobre la mesa está la liberalización de la interrupción voluntaria del embarazo durante las 10 primeras semanas de gestación a petición de la mujer.
La ley del aborto en Portugal es muy similar a la española, admite los mismos tres supuestos (peligro físico o psíquico para la madre, malformación del feto y violación). La diferencia está en la aplicación de la misma. Mientras que en España, así como en la Organización Mundial de la Salud (OMS), los médicos admiten los motivos económicos y sociales como factores de riesgo en la salud psíquica de la madre, en Portugal no es así. Además, el código deontológico de los médicos portugueses es contrario a la Ley y no admite el aborto.
Esto implica que en Portugal no hay clínicas privadas que realicen la interrupción involuntaria del embarazo, como ocurre en España, no porque la ley lo impida, si no porque, en principio, no hay médicos disponibles.
Ahora sobre la mesa está ampliar esa ley y permitir que una mujer pueda decidir durante las 10 primeras semanas de gestación si quiere realizar un aborto o no. "No queremos liberalizar el aborto, queremos descriminalizarlo hasta las diez primeras semanas, manteniendo la regla de la criminalización cuando se realiza fuera de ese plazo", afirmó el primer ministro, José Sócrates, el lunes al inicio de la campaña por el "Sí".
En Portugal para que el resultado de un referéndum sea vinculativo es necesario que la participación supere el 50%, si no es así, como ocurrió en el referéndum de 1998, la consulta no tiene ningún valor.
La propuesta de los socialistas no deberá de tener problemas para obtener la aprobación parlamentaria, entre otras cosas porque gobiernan con mayoría absoluta. Después, una vez publicada en el Diario de la República (equivalente al BOE en España) la resolución es enviada al Presidente, Aníbal Cavaco Silva, que consultará con el Tribunal Constitucional, que tiene 25 días para pronunciarse sobre su legalidad, aunque no deberá tener problemas ya que la pregunta será la misma que se realizó en el de 1998. Después, Cavaco tiene 20 días para decidir si convoca el referéndum o no, aunque todo indica que, como dejo entrever durante la campaña electoral, lo hará.
Según la ley portuguesa el referéndum tiene que ser convocado entre un mínimo de 40 y máximo de 180 días desde la publicación del decreto ley. Por ello, el referéndum se deberá convocar entre enero y febrero de 2007, para evitar que coincida con las festividades de Navidad.
