EL CAIRO, 5 Feb. (Reuters/EP) -
Los casos de los 40 trabajadores humanitarios, 19 de ellos estadounidenses, que están siendo investigados por recibir financiación extranjera han sido remitidos al Tribunal Penal de El Cairo.
"Los casos de 40 sospechosos extranjeros y egipcios se han transferido al Tribunal Penal de El Cairo en relación con la financiación extranjera", ha explicado a Reuters una fuente judicial.
La Agencia de noticias estatal MENA también ha recogido el comunicado judicial al respecto en el que se señala exactamente que el cargo contra los trabajadores es por el "funcionamiento de las organizaciones sin obtener los permisos necesarios". Uno de los jueces que lleva la investigación ha asegurado que las investigaciones también se llevan a cabo con casos similares de grupos egipcios.
Esta situación ha sido duramente criticada desde Washington como un acto de represión a las ONG y ha informado de que ciudadanos estadounidenses vinculados con las organizaciones humanitarias han pedido refugio en la Embajada.
Entre los acusados se encuentra Sam LaHood, hijo del secretario de Transporte de Estados Unidos, Ray LaHood. Sam es director para Egipto del Instituto Republicano Internacional y junto con el resto de trabajadores humanitarios, entre los que también hay serbios, noruegos, libaneses y egipcios, tiene prohibido salir del país.
La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, dijo el sábado que la ofensiva de los militares egipcios contra ONG pro democracia estadounidenses o locales podría poner en peligro las ayudas económicas que Egipto recibe de Estados Unidos.
Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Mohamed Kamel Amr, argumentó a Clinton durante un encuentro que todos los grupos, independientemente del país de origen, tienen que acatar las leyes de Egipto en materia de registro, según ha señalado el portavoz del ministerio egipcio, Amr Rushdy.
Por su parte, grupos civiles han afirmado que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas hostiga a los activistas pro-democracia que apoyaron el derrocamiento de Hosni Mubarak y que han pedido en reiteradas ocasiones a la junta militar, que abandone cuanto antes el poder para dar paso a un Gobierno civil elegido democráticamente.
El Instituto Nacional Demócrata, uno de los grupos financiados por Estados Unidos que está siendo investigado, ha afirmado que comenzó a trabajar en 2005 y pidió el registro ese mismo año pero que después de responder a algunos requerimientos oficiales no hubo más progresos. Sin embargo, el grupo asegura que ha operado abiertamente desde entonces y que ha colaborado con órganos oficiales con regularidad.
