LA HAYA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Sala Preliminar número uno del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha decidido llevar a juicio por crímenes de guerra y contra la Humanidad a dos antiguos dirigentes rebeldes de Ituri (noreste de la República Democrática del Congo, RDC), Germaine Katanga y Mathieu Ngudjolo Chiu, por considerar que "existen pruebas suficientes" para acusarles de la matanza de la aldea de Bogoro en 2003, en la cual fueron asesinadas al menos 200 personas, sobre todo ancianos, mujeres y niños.
Asimismo, el TPI cree que hay también pruebas suficientes de que ambos utilizaron a niños menores de quince años, tanto para ejercer de escoltas como en los combates, durante el ataque a la aldea, perpetrado el 24 de febrero de 2003.
La Sala les acusa de "dirigir intencionadamente un ataque contra la población civil en tanto que tal o contra civiles que no participaban directamente en las hostilidades". Asimismo, aprecia indicios de "homicidios intencionados", de destrucciones de bienes y de saqueos.
Asimismo, la mayoría de los jueces de la Sala consideró también que hay "pruebas suficientes" de que ambos participaron en violaciones y actos de "reducción a esclavitud sexual", en el marco "de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de la región de Ituri".
Katanga era el líder de las Fuerzas Patrióticas de Resistencia de Ituri (FRPI) y Ngudjolo dirigía a las milicias del Frente de los Nacionalistas e Integracionistas (FPI). Sus casos constituyen el segundo proceso iniciado por el TPI en relación con la RDC, después del abierto (y posteriormente suspendido) contra Thomas Lubanga.
Katanga y Ngudjolo están acusados de tres cargos por crímenes contra la Humanidad --homicidios, actos inhumanos y esclavitud sexual-- y de seis cargos por crímenes de guerra, como reclutamiento de niños menores de quince años, todos ellos supuestamente cometidos en 2003.
Las investigaciones sobre la violencia en Ituri --donde entre 1999 y 2005 se registraron al menos 50.000 muertos y medio millón de desplazados-- fueron iniciadas por el TPI tras una petición del propio Gobierno de Kinshasa en marzo de 2004.
