MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
La relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos en Birmania, Yanghee Lee, ha afirmado este miércoles que las autoridades "no tienen un verdadero interés" en instaurar una democracia "funcional" en el país.
"Lo que veo es un Gobierno que demuestra cada vez más que no tiene un verdadero interés y capacidad en establecer una democracia totalmente funcionar en la que toda su población disfrute con igualdad de sus derechos y libertades", ha dicho.
Así, ha recalcado que el Ejecutivo "no está haciendo lo necesario para lograr una verdadera paz y reconciliación" y "no está haciendo cumplir la justicia y el Estado de Derecho".
"Pese al repetido refrán de que, en caso de recibir pruebas, investigará las acusaciones sobre violaciones de los Derechos Humanos, para mí esta claro que este no es el caso", ha subrayado Yanghee.
Pese a ello, ha reconocido que "existe un rayo de esperanza para la justicia para el pueblo de Birmania", en referencia a la decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de establecer un nuevo mecanismo para recopilar y preservar las pruebas de los crímenes cometidos en el país desde 2011.
En este sentido, ha pedido a la comunidad internacional que trabaje para garantizar que las personas responsables de crímenes graves sean juzgadas por el Tribunal Penal Internacional (TPI) o algún otro organismo judicial creíble.
"El Consejo de Seguridad de la ONU debe unirse y enviar la situación en Birmania ante el TPI sin más retrasos", ha dicho, antes de recalcar que el Gobierno de Birmania ha demostrado ser incapaz de cumplir sus obligación de investigar de forma imparcial y efectiva.
La fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, anunció el 18 de septiembre la apertura de un examen preliminar para examinar si la supuesta deportación forzosa de rohingyas por parte de Birmania constituye un crimen de guerra o contra la Humanidad.
Yanghee ha resaltado que existen informaciones sobre acosos, extorsiones y trabajos forzosos, así como una campaña por parte de las autoridades para forzar a los rohingya a aceptar las Tarjetas de Verificación Nacional.
Por último, ha expresado su preocupación por la situación en los estados de kachin y Shan y por el plan del Ejecutivo para cerrar los campamentos de desplazados en todo el país, lo que, a su juicio, no cumple con los estándares internacionales.
Una misión de investigación de la ONU concluyó en agosto que las Fuerzas Armadas birmanas habían actuado con una "intención genocida" en el estado de Rajine, del que han huido más de 700.000 personas en el último año para escapar de la represión y la violencia. Los investigadores abogaron por imputar al jefe de las Fuerzas Armadas y a cinco altos cargos más.
Las autoridades birmanas, por su parte, han negado que hayan cometido atrocidades contra la minoría rohingya y han considerado que sus operaciones armadas estaban justificadas para contener la violencia por parte de milicianos de esta comunidad musulmana.
