GINEBRA, 26 Oct. (EP/AP) -
La ONU acusó hoy al Gobierno somalí de obstaculizar sus labores de ayuda en el país en uno de los momentos más duros para la población, que se enfrenta a las consecuencias de unas cosechas pobres, al conflicto que vive el país y a los ataques de los insurgentes islamistas contra miembros del Gobierno.
El coordinador humanitario de la ONU en Somalia, Eric Laroche, afirmó que las Naciones Unidas no pueden aceptar este comportamiento por parte del Gobierno, sobre todo cuando el país está atravesando la peor situación que ha experimentado en los últimos diez años.
Aproximadamente, un millón y medio de somalíes necesitan recibir alimentos y protección. Esta cifra es un 50 por ciento mayor que a principios de este año debido a las lluvias, los desplazamientos internos de la población y la potencial epidemia de cólera.
Mogadiscio, la capital somalí, es especialmente peligrosa, según los trabajadores de la ONU. La ayuda alimentaria destinada a 76.000 personas aún sigue suspendida debido a que el Ejecutivo debe decidir el nuevo sistema que se usará para hacerlo.
El Programa Mundial de Alimentos (PAM) paralizó la distribución después de que las fuerzas de seguridad entrasen en un recinto de la ONU el pasado 17 de octubre y detuviesen al jefe de operaciones en Somalia, Idris Osman, sin especificar los cargos que se le imputaban.
La semana pasada, Osman fue puesto en libertad y el PAM expresó su deseo de reanudar la distribución de comida de forma inmediata. Pero Laroche explicó que aún se está negociando con el Gobierno con el fin de determinar de qué manera lo hará.
Laroche consideró que el hecho de que los alimentos se hayan distribuido en mezquitas "ha sido el mayor problema", porque, aunque en un principio se permitió, luego el Gobierno se negó a ello.
Laroche añadió que, en otros lugares, las autoridades han dificultado la labor de los trabajadores humanitarios de los campos de refugiados parando los camiones en los que transportaban comida y acusando a la ONU de alimentar a terroristas. Las autoridades somalíes a menudo califican de terroristas a las personas que viven en estos campos simplemente por pertenecer a un clan o subclan.
