NUEVA YORK, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
Una misión conjunta formada por Naciones Unidas y el Gobierno de Sudán comenzó hoy a evaluar la situación en el país y las carencias de agua, comida, y medicamentos después de la decisión de las autoridades sudanesas de expulsar del país a 13 ONG que asisitían a casi cinco millones de personas.
La decisión se produjo poco después de que el Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiera, la semana pasada, la orden de arresto contra el presidente sudanés, Omar al Bashir, por crímenes de guerra y contra la Humanidad en la región de Darfur.
A día de hoy, 183 miembros de agencias internacionales han abandonado el país mientras otros tantos permanecen a la espera de visado para partir, de acuerdo con la Oficina de Coordinación de los Asuntos Humanitarios (OCHA).
Además de la preocupación por la falta de asistencia humanitaria para la población del país, continúan las intimidaciones y los actos violentos contra el personal de ayuda que todavía permanece en la nación africana.
En ese sentido, la Misión Mixta de la ONU y la Unión Africana en Darfur (UNAMID) denunció que un grupo de desconocidos secuestró anoche uno de sus vehículos, e informó sobre ellos a las autoridades del país.
Según un portavoz de UNAMID, activistas juveniles y sindicales hicieron una demostración pacífica en la localidad de Nyala, para protestar por la decisión del TPI que solicita el arresto de Al Bashir.
