La fiscal celebra la decisión de los jueces y asegura que buscará "destapar la verdad"
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha autorizado una petición de la Fiscalía para investigar formalmente los presuntos crímenes contra la Humanidad cometidos contra la minoría musulmana rohingya en Birmania, por entender que los posibles abusos afectan también a un Estado, Bangladesh, que sí es firmante del Estatuto de Roma.
La Fiscalía había solicitado el 4 de julio la apertura de estas pesquisas, al término de un examen preliminar que ahora da pie a investigaciones formales. La oficina que encabeza Fatou Bensouda comenzará ahora a recabar pruebas y, si hay base suficiente, solicitará comparecencias u órdenes de arresto con vistas a celebrar un posible juicio.
El tribunal también ha recibido testimonios de parte de las "cientos de miles de supuestas víctimas" de los posibles abusos y que, "unánimemente", insisten en la necesidad de un proceso internacional, según un comunicado de la corte con sede en La Haya.
La sala que ha analizado el caso sostiene que hay "una base razonable" para sospechar que se habrían cometido acciones violentas que "podrían calificarse como crímenes contra la Humanidad de deportación en la frontera entre Birmania y Bangladesh y de persecución por motivos de etnia o religión contra la población rohingya".
La fiscal jefe, Fatou Bensouda, ha celebrado que los jueces hayan aceptado su análisis de que "hay una base razonable para creer que actos coercitivos que cualificarían como crímenes contra la Humanidad como deportación y persecución por motivos étnicos y/o religiosos podrían haberse cometido contra los rohingyas".
Bensouda ha resaltado que la decisión de hoy supone la autorización de una investigación formal de los crímenes bajo jurisdicción del TPI que presuntamente se habrían cometido después del 1 de junio de 2010 en territorio de Bangladesh o de otros estados parte.
SEÑAL POSITIVA PARA LAS VÍCTIMAS
"Este es un hecho significativo que envía una señal positiva a las víctimas de los crímenes atroces en Birmania y en otras partes", ha resaltado. Como fiscal, ha añadido en un comunicado, "esperamos que con nuestro trabajo podamos llevar justicia a las víctimas".
Así las cosas, ha prometido que su investigación "buscará destapar la verdad" y que su oficina trabajará para que esta sea "independiente e imparcial". Para ello, ha agregado, cuenta con "el pleno apoyo y cooperación de los estados parte, la sociedad civil y otros socios".
Casi un millón de rohingyas han buscado refugio en territorio bangladeshí, de los cuales más de 700.000 huyeron del estado birmano de Rajine a raíz de una ola represiva perpetrada por las Fuerzas Armadas. Una investigación de la ONU ha denunciado una "intención genocida" por parte de las autoridades, si bien Birmania no es Estado parte del TPI y, por tanto, los crímenes internacionales cometidos en su territorio no entran dentro de su jurisdicción.
