BRUSELAS, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
Las flotas de España, Italia y Portugal concentraron casi el 80% de las infracciones registradas en el conjunto de la Unión Europea entre 2003 y 2004, según figura en el quinto informe anual sobre infracciones graves a la política pesquera común en el que se registra un ligero aumento de casos en este periodo, pasando de 9.502 a 9.660. Este dato demuestra, a juicio de la Comisión Europea, que las sanciones impuestas por los Estados miembros no son lo suficientemente duras como para tener un efecto realmente disuasorio.
De hecho, con respecto a 2003, el importe medio de las multas cayó casi un 50 % y pasó de los 4.664 euros a los 2. 272 euros, con lo que el valor total de las sanciones impuestas no representa más que el dos por mil del coste de los desembarcos realizados. Por ello, después de haber consultado a los Estados miembros, la Comisión quiere revisar la tipología de infracciones graves.
El informe revela también que, como en 2003, la pesca ilegal supuso el 22 % de los casos de infracción, el transporte de pescado no conforme a las normas de comercialización el 19 % y pescar sin permiso el 14 % , frente al 17 % de los registrados en 2003. En el 82% de las ocasiones, este tipo de actividades se castigaron con multas que, por otro lado, varían mucho dependiendo del Estado miembro. La más baja fue de 48 euros y la mayor de 13.099 euros. La incautación de los pesqueros se decretó en 3.203 casos.
Aunque los países tienen libertad para adoptar los procedimientos sancionadores que consideren oportunos, la Comisión está convencida de que sanciones administrativas como la suspensión de los permisos de pesca son un medio eficaz para obligar a respetar la legislación y lamenta que la mayoría de los Estados miembros no recurran a este sistema.
En 1999, el Consejo de Ministros adoptó una lista de 19 tipos de infracciones graves de las que los Estados miembros tienen que hacer un informe anual, informe que tiene por objetivo aumentar la transparencia y reforzar la confianza de los operadores sobre una aplicación uniforme de la normativa comunitaria en todos los países. No obstante, el Ejecutivo comunitario lamenta que sigue siendo difícil sacar conclusiones de los datos aportados porque los Estados miembros dan a veces cifras sin comentario alguno sobre la naturaleza de las irregularidades o la sanción impuesta.
Por ello, Bruselas exige tener información más detallada sobre un número restringido de casos para facilitar una aplicación eficaz de la política pesquera común. Así pues, el comisario de Pesca, Joe Borg, seguirá consultando a los Estados miembros para proponer un nuevo reglamento para evaluar mejor las infracciones cometidas y los castigos impuestos.
