BRUSELAS, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha propuesto hoy una nueva directiva para regular los niveles permitidos de emisión y concentración de 41 tipos de pesticidas, metales pesados y otras sustancias químicas peligrosas en las aguas superficiales de los Estados miembros. Bruselas quiere que los límites sean de obligado cumplimiento en en 2015 y prohibir su presencia en el agua en 2025.
La nueva normativa quiere reemplazar cinco antiguas regulaciones, aprobadas en 1980, para armonizar la legislación medioambiental en toda la Unión Europea. Además, con esta propuesta se completa la política europea de protección del agua, dado que las aguas subterráneas ya estaban cubiertas por una legislación anterior.
Pesticidas, biocidas, metales pesados y otras sustancias químicas pasarán a estar regulados por la nueva directiva. De ellos, 33 productos tendrán un caracter "prioritarios", ya que implican un severo riesgo para el medio acuático, debido a su uso generalizado y a su alto nivel de concentración en las aguas. Otras 8 sustancias, ya incluidas en la legislación vigente, forman también parte del nuevo texto.
Trece de estos compuestos, las denominadas 'sustancias prioritariamente peligrosas' estarán sujetas a un estricto control debido a su alta toxicidad, a su persistencia en el medio ambiente y a su creciente concentración en la cadena alimentaria.
La propuesta establece límites en la emisión de cada tipo de sustancia, quedando en manos de los Estados miembros la elección de los medios más adecuados y efectivos para reducir la polución y para controlar el cumplimiento de esta nueva legislación.
Tras la presentación de la propuesta, el Consejo y el Parlamento Europeo deben aún aprobar la directiva. Los Estados miembros quedarán, tras esto, obligados a incluir en 2009 las medidas necesarias en sus legislaciones nacionales para cumplir los estándares acordados.
La necesidad de medidas internacionales para solucionar un problema que no conoce fronteras, ha llevado a la Comisión Europea a proponer esta nueva legislación, que hará más eficaz la actuación de las autoridades medioambientales y que reducirá el peso burocrático de la aplicación de la legislación al respecto.
