LUXEMBURGO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
El comisario de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini, recordó hoy a Senegal, Cabo Verde y Mauritania, que no pueden negarse a repatriar a los inmigrantes ilegales aunque pueda entenderse que en un momento determinado se adopte este tipo de decisión por razones "excepcionales", como una dificultad temporal para identificar a los inmigrantes.
Frattini recordó, en este sentido, que la Comisión Europea ha iniciado las discusiones para poner en práctica el artículo 13 del Convenio de Cotonú, firmado entre la UE y los países de Africa, Caribe y Pacífico (ACP), y que permite negociar acuerdos de readmisión entre la UE y estos países. Este convenio establece la base jurídica en virtud de la cual los países africanos reconocen la necesidad de readmitir a sus nacionales que han entrado ilegalmente en territorio comunitario.
"Eso incluye a Senegal, Cabo Verde y Mauritania y habla exactamente de repatriar a los inmigrantes ilegales. Se puede entender la adopción de una decisión por razones excepcionales, como una dificultad temporal para identificar a los inmigrantes ilegales que van de Senegal hacia las islas Canarias, pero no estaría justificado un rechazo de larga duración", declaró Frattini a la prensa en Luxemburgo, donde se celebra el consejo de Ministros de Justicia de la UE.
Senegal pidió hoy formalmente a España suspender las repatriaciones de inmigrantes ilegales alegando presuntos malos tratos a los primeros 99 repatriados ayer. A raíz de esta petición, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Angel Moratinos, conversó con su homólogo senegalés, Cheij Tidiane Gadio, y logró que éste le expresara su voluntad de seguir cooperando en la gestión de los flujos migratorios bajo el "principio de la corresponsabilidad".
Por otro lado, el comisario Frattini adelantó que mañana, durante la reunión que mantendrán los titulares de Interior de los Veinticinco, informará a los ministros de las iniciativas adoptadas por la Comisión para hacer frente a la inmigración ilegal, como la participación de la Agencia de Control de Fronteras Exteriores (Frontex) en el patrullaje de las costas africanas, tras la petición realizada por las autoridades españolas para hacer frente a la crisis que viven las costas canarias.
