BRUSELAS, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
El pleno Parlamento Europeo pedirá la semana que viene explicaciones a los Veinticinco y a la Comisión por el espionaje de transferencias bancarias internacionales por parte de la CIA a través de de la base de datos Swift, con sede en Bruselas. Los eurodiputados expresarán su preocupación sobre este caso a través de una resolución que ya cuenta con el apoyo de socialistas, liberales, verdes e Izquierda Unitaria, mientras que el PPE todavía no ha decidido su postura, según explicaron fuentes parlamentarias.
El debate sobre el espionaje bancario tendrá lugar el miércoles 5 de julio en presencia de representantes del Consejo y de la Comisión. Se da la casualidad que ese mismo día se tratará el informe del italiano Claudio Fava sobre los vuelos de la CIA en territorio comunitario. Los parlamentarios también tienen previsto suscitar este tema durante la discusión que se celebrará este lunes sobre el nuevo reglamento que obligará a las entidades bancarias a enviar detalles de los ordenantes en las transferencias para luchar contra la financiación del terrorismo
Los socialistas y los liberales del Parlamento Europeo ya se han declarado "muy preocupados" por el espionaje bancario de la CIA. "Tenemos serias dudas sobre la legalidad de esta operación", dijo el vicepresidente del grupo socialista, Jan Marinus Wiersma. A su juicio, la puesta en marcha de este sistema de vigilancia podría ser un nuevo "atentado contra los derechos fundamentales de los ciudadanos" y abrir un nuevo frente con EEUU tras el caso de los vuelos de la CIA. Calificó de "sorprendente" que la Eurocámara no fuera informada y se preguntó si el resto de las instituciones lo sabían.
Por su parte, el grupo de los liberales y demócratas del Parlamento (ALDE) señaló que es "inaceptable" poner en marcha esta operación de espaldas al marco jurídico y exhortó al Gobierno norteamericano a "demostrar" su legalidad. "Parece que el presidente Bush ha franqueado la línea roja y ha abusado de sus competencias", dijo el francés Jean-Marie Cavada, presidente de la comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara. "Este nuevo affaire exige una reacción vigorosa de la UE y de sus Estados miembros", reclamó.
En contraste, la Comisión Europea se ha desentendido completamente del caso. El vicepresidente y responsable de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini, ha asegurado que Bruselas no tiene competencias en esta materia y que corresponde a los Estados miembros investigar si lo estiman oportuno.
