España hubiera preferido un acuerdo más ambicioso "sin los filtros del derecho doméstico"
BRUSELAS, (EUROPA PRESS)
Los ministros de Justicia de la Unión Europea llegaron esta tarde a un acuerdo sobre la orden europea de obtención de pruebas, iniciativa similar a la conocida como 'euroorden', que permitirá a un magistrado disponer de pruebas obtenidas en otro Estado miembro. El consenso se logró después de que la presidenta de turno del consejo, la ministra austriaca de Justicia, Liese Prokop, y el comisario de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini, vencieran las reservas de Alemania y Países Bajos.
La delegación alemana alegaba la incompatibilidad de esta normativa con su Constitución y reclamaba excluirse de la misma en el caso de los delitos de terrorismo, informáticos, racismo, xenofobia, sabotage, chantaje y extorsión. En aras del acuerdo, se incluyó para Berlín una claúsula de excepción, limitada en el tiempo y que se revisará como muy tarde a los cinco años de la entrada en vigor de la decisión, es decir una vez que sea traspuesta por los Estados miembros a sus legislaciones nacionales.
Para lograr contentar a Países Bajos, se aceptó la exigencia de la llamada 'territorialidad', es decir que los magistrados podrán denegar una determinada prueba por razón del lugar en el que se ha cometido el delito investigado, pero se ha reducido al máximo su alcance, de tal forma que sólo se aplicaría esta claúsula cuando el delito se haya cometido "completa o en su mayor parte" en el territorio del país afectado. El texto del acuerdo deja claro que el rechazo a la entrega de pruebas será "excepcional" y no una norma general y, además, será analizado caso por caso.
Como tercer elemento relevante del acuerdo figura el papel concedido a la oficina europea de Justicia, Eurojust, en la aplicación de la decisión marco porque las autoridades judiciales deberán tener en cuenta la opinión de este órgano comunitario. El instrumento aprobado hoy sigue el modelo de la orden europea de detención y entrega en lo que se refiere a las cuestiones procedimentales, es decir crea un título judicial a nivel europeo, permite la transmisión directa entre autoridades judiciales y suprime el requisito de doble incriminación.
La propuesta regula el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales penales referidas a la obtención de pruebas y, en principio, quedarían fuera del ámbito de la decisión marco la toma de declaraciones, bajo cualquier forma, de sospechosos, acusados, testigos o víctimas.
Tampoco incluiría las muestras de ADN, la intervención de comunicaciones, vigilancia discreta o control de cuentas bancarias, ni las pruebas que requieran de otras investigaciones complementarias, en especial la recopilación o análisis de objetos, documentos o datos existentes.
Frattini, que en las últimas intentonas por sacar adelante la iniciativa había reprochado a los Estados su "falta de voluntad política" para hacer avanzar este asunto, no ocultó hoy su satisfacción por el acuerdo que, en su opinión, complementa la 'euro-orden' y el espacio europeo de justicia. "Se ha logrado una meta importante tras tres años de discusión", dijo.
También la ministra austriaca se felicitó de tener encima de la mesa el mandato de obtención de pruebas tras admitir que costó trabajo porque la cuestión era "muy espinosa". Comisión y Consejo minimizaron las concesiones realizadas a Alemania y Países Bajos poniendo de relieve que hay que "conciliar" el espacio de justicia europeo con las Constituciones nacionales. "No es una solución ideal pero es con la que todo el mundo se siente satisfecho", resumió Prokop.
El ministro de Justicia, Juan Fernándo López Aguilar, hubiera preferido un acuerdo "más ambicioso y sin filtros de adecuación al derecho doméstico de los Estados miembros" primando la "confianza y reconocimiento al derecho de los Estados proponentes".
