La UE pide a Kiev que ataje la corrupción antes de las elecciones y alerta del acoso a activistas

Ve "estancado" el proceso de Minsk y alerta del deterioro en el este

9 de noviembre de 2018

BRUSELAS, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha reclamado más esfuerzos al Gobierno ucraniano para combatir la corrupción antes de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias del año que viene tras recordar que ningún alto cargo ha sido condenado hasta ahora, al tiempo que ha evocado preocupación por el acoso a periodistas y activistas que investigan casos de corrupción.

"Resulta esencial que las autoridades ucranianas mantengan y refuerzos la dinámica de reformas, incluido para combatir la corrupción, de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias previstas en marzo y octubre respectivamente", han subrayado la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior en un informe conjunto sobre el grado de cumplimiento de las reformas políticas y económicas por parte de Kiev a cambio de la ayuda económica europea y la aplicación del acuerdo de libre comercio.

La UE, que ha movilizado más de 11.000 millones de euros en préstamos y ayuda para Ucrania desde 2014 y aprobó otros 1.000 millones de asistencia macrofinanciera en forma de préstamos en junio, valora el avance en "un número de reformas políticas y económicas importantes" en el último año incluido en materia de descentralización, la reforma de la Administración y contratación públicas, la reforma de las pensiones y en el sector medioambiental.

No obstante, también pide más esfuerzos para atajar la corrupción, al tiempo que ha alertado del aumento de la presión a activistas de la sociedad civil que investigan la corrupción y recuerda que Ucrania todavía debe incorporar las recomendaciones internacionales en su Ley electoral.

"Algunos actores de la sociedad civil han denunciado un aumento de la presión por parte de las autoridades por su actividad. Varios ataques a activistas de la sociedad civil han sido documentados en diferentes ciudades de Ucrania", avisan en el informe, en el que constatan que la obligación impuesta a las ONG que trabajan para combatir la corrupción para informar de sus activos introducida en 2017 sigue en vigor a pesar de las críticas de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa.

La Comisión y el servicio diplomático europeo han constatado que "ningún alto cargo ha sido condenado por corrupción hasta ahora" -solo 21 de 644 investigaciones han acabado en condena_y que "la gran mayoría de los casos están bloqueados en los tribunales ordinarios en Ucrania", recuerdan que el jefe de la Oficina Especial de la Fiscalía Anticorrupción no ha sido despedido a pesar de las pruebas en su contra de que entorpeció investigaciones y denuncian "el escaso progreso" hasta ahora para recuperar los fondos públicos malversados.

También denuncian el acoso a la prensa como reflejan los 24 casos de amenazas a periodistas, 22 palizas y 67 casos en los que se ha impedido a los periodistas realizar su labor, mientras que la investigación sobre el periodista Pavlo Sheremet en 2016 "no ha producido resultados" aunque en febrero sí comenzó el juicio contra los dos sospechosos del asesinato del periodista Oles Buzyna.

Por lo que se refiere a la reforma judicial, aunque ésta ha continuado avanzando y el nuevo Tribunal Supremo empezó a funcionar en diciembre de 2017, la Comisión y el servicio diplomático europeo recuerdan las "preocupaciones" por las dudas sobre la integridad de 25 de los 113 jueces nombrados para el Supremo y en cambio valoran la reforma del sector de la seguridad aprobada en junio para garantizar el control parlamentario de los servicios de seguridad.

AGRAVAMIENTO DEL CONFLICTO EN EL ESTE

La Comisión y el servicio diplomático europeo reconocen el impacto en las reformas del conflicto en el este de Ucrania, que sigue dependiendo de la asistencia financiera internacional para preservar su estabilidad macroeconómica, así como la mayor militarización en la Península de Crimea, donde Rusia ha triplicado sus militares y desplegado misiles de largo alcance, así como por el bloqueo de barcos en el mar de Azov y la construcción del puente Kerch que conecta Crimea y el territorio ruso, que fue inaugurado en mayo por el presidente ruso, Vladimir Putin.

La UE impuso sanciones contra cinco personas implicadas en la organización de las primeras elecciones presidenciales rusas celebradas de forma ilegal en Crimea en marzo y contra seis entidades implicadas en la construcción del puente Kerch en julio.

"La situación de los Derechos Humanos en la Península Crimea ilegalmente anexionada ha seguido deteriorándose en 2018", avisan en el informe, en el que denuncian "la represión sistemática de los individuos y grupos que rechazan alinearse con las autoridades de facto", incluido de los tártaros.

También alertan del agravamiento de la situación humanitaria y de seguridad "muy tensa y volátil" en el este de Ucrania, con violaciones diarias del alto el fuego "por ambas partes". Unos 3,4 millones de personas a ambos lados de la Línea de Contacto necesitan ayuda y protección urgente, mientras que la ONU estima que más de 10.250 personas han muerto, incluidos más de 3.000 civiles, desde el inicio del conflicto en el este de Ucrania en 2014.

La Comisión y el servicio diplomático europeo constatan que el proceso de Minsk "permanece estancado". Su resultado principal, aducen, se ha limitado al intercambio de unos 300 presos en diciembre de 2017, mientras que no hay "ningún avance tangible" en los planos de la seguridad y político y la misión de los observadores de la OSCE sigue experimentando "obstáculos", principalmente cerca de la frontera rusa.

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