MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
Varias ONG han expresado su preocupación por el anuncio del Gobierno de Reino Unido de establecer una base militar en el país, recalcando que las autoridades han cometido múltiples violaciones de los Derechos Humanos en la represión de las manifestaciones prodemocráticas desde 2011.
"El proyecto, de 15 millones de libras y que será pagado en gran parte por el Gobierno de Bahréin, es claramente una recompensa por el silencio de Reino Unido sobre los abusos de los Derechos Humanos en el país", ha dicho el director del Centro por los Derechos Humanos de Bahréin (BCHR), Nabil Rayab.
"El acuerdo muestra al pueblo de Bahréin que Reino Unido no tiene en cuenta la existencia de graves violaciones de los Derechos Humanos a la hora de trazar su política exterior", ha valorado el director de abogacía del Instituto de Bahréin por los Derechos y la Democracia (BIRD), Sayed Alwadaei.
Por su parte, el director ejecutivo de Americanos por la Democracia y los Derechos Humanos en Bahréin (ADHRB), Husain Abdulá, ha recalcado que "el Gobierno británico debe tener en cuenta las preocupaciones legítimas de su propio Parlamento y la comunidad internacional y volver a evaluar el acuerdo".
El emirato, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas en el territorio. En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de 2011, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.
La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 90 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Asimismo, desde el inicio de la represión de las autoridades contra los manifestantes, ONG internacionales como AI, Human Rights Watch (HRW) o Reporteros Sin Fronteras (RSF) han emitido múltiples comunicados para denunciar la situación de Derechos Humanos en el país y pedir a la comunidad internacional una postura activa de presión sobre el Ejecutivo.
