Los activistas denuncian que el Gobierno está retrasando los procesos judiciales para proteger a políticos
KATMANDÚ, 26 Feb. (Thomson Reuters Foundation/EP) -
Una tarde de enero, poco después de la comida, los rebeldes asaltaron una escuela en una aldea en las montañas del centro de Nepal, sacaron al director, Muktinath Adhikari, a rastras de la clase, le ataron al tronco de un árbol y le dispararon en la cabeza.
Más de 15 años después, la escalofriante fotografía del profesor de ciencias de 45 años desplomado contra el árbol con las manos atadas detrás de él todavía proyecta una sombra alargada sobre el país.
La imagen fue tomada por un periodista local y ha sido difundida en numerosas ocasiones desde entonces. La foto es un doloroso recordatorio de que aquellos que abusaron de los Derechos Humanos siguen en libertad, a pesar de que la guerra civil entre los rebeldes maoístas y el Ejecutivo terminara en 2006 y de que la nueva coalición de Gobierno, que ha prometido paz y prosperidad.
Los familiares de las víctimas, como el hijo de Adhikari, tienen poca esperanza de que se haga Justicia. "El Gobierno carece de buena voluntad y no quiere abordar la difícil situación de las víctimas", ha declarado Suma Adhikari, fundador de la Plataforma Común de las Víctimas del Conflicto, una red de grupos de apoyo para aquellos que se han visto afectados por la violencia. "Solo quieren que la situación continúe como está y que las víctimas y sus familias sigan conservando la esperanza", ha añadido Adhikari.
Los supervivientes, las familias de las víctimas y los grupos de defensa de los Derechos Humanos han manifestado que los sucesivos gobiernos han obstaculizado los esfuerzos para investigar las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la guerra.
Sin embargo, un miembro de la formación Marxistas Leninistas Unidos (UML), Bishnu Rijal, ha explicado que los retrasos no se han producido de manera deliberada, sino porque el Ejecutivo ha tenido otras prioridades, como adoptar una nueva Constitución y reconstruir el país después del terremoto de 2015.
"El resto de condiciones del acuerdo de paz con los maoístas se han cumplido", ha destacado Rijal. "El nuevo Gobierno aplicará los cambios requeridos en la ley para proporcionar Justicia a las víctimas", ha añadido el parlamentario.
60.000 CASOS, NINGÚN PROCESO JUDICIAL
La guerra civil nepalí causó 17.000 víctimas mortales. En el acuerdo de paz de 2006, los rebeldes maoístas y el Gobierno se comprometieron a investigar y a encausar las violaciones de los Derechos Humanos, como torturas, abusos sexuales, secuestros y asesinatos.
En 2015, se establecieron dos comisiones de crímenes de guerra, una encargada de investigar las desapariciones y la otra, de estudiar los abusos más graves. Desde entonces, los organismos han recogido más de 60.000 testimonios tanto de las familias de las víctimas como de los supervivientes.
Sin embargo, de acuerdo con las leyes actuales, las comisiones no pueden obligar a los culpables a acudir a los tribunales, por lo que los criminales tienen una amnistía 'de facto'. El puñado de procesos judiciales que se han abierto hasta ahora han sido aquellos en los que las propias víctimas han tomado la iniciativa de presentar sus casos ante los tribunales.
Los grupos de defensa de los Derechos Humanos han subrayado que los partidos políticos han retrasado deliberadamente las investigaciones de las comisiones para proteger a varios de sus miembros.
Hay grupos civiles que reclaman que Nepal modifique su legislación para que las comisiones tengan más poderes y puedan remitir la apertura de procesos judiciales a los juzgados. Estos activistas demandan que no haya amnistía, ni perdón, ni que se retiren los cargos en los casos de secuestros, torturas, violaciones, desapariciones forzosas o ejecuciones extrajudiciales.
El Ejecutivo no ha emprendido ninguna acción para modificar las leyes que rigen las comisiones, a pesar de las repetidas sentencias del Tribunal Supremo que han ordenado que así se haga. Lo que el Gobierno ha hecho ha sido extender dos veces el mandato de las comisiones por un año. Organizaciones como Human Rights Watch (HRW), la Comisión Internacional de Juristas y Amnistía Internacional han tildado esto de ser un intento por demorar los procesos.
Las víctimas y las familias han esperado "demasiado tiempo por las respuestas", ha reclamado Meenakshi Ganguly, la representante de HRW para el Sur de Asia. "Los intentos cínicos por parte del Ejecutivo de extender el mandato sin llevar a cabo ninguna reforma, tal y como reclama el Tribunal Supremo, es otra afrenta", ha añadido Ganguly.
"Las dos comisiones han reunido bastante información, pero parece que las autoridades están más comprometidas con lo que concierne a la protección de los culpables que en lo relacionado con asegurar que se administre Justicia", ha zanjado la responsable.
NUEVO GOBIERNO, LA MISMA FALTA DE ESPERANZA
El nuevo primer ministro nepalí, Khadga Prasad Sharma Oli, de UML, que subió al poder el pasado 15 de febrero, ha prometido promover la administración de Justicia. Sin embargo, sus compañeros de coalición, los rebeldes maoístas, no contemplan ese objetivo.
"El espíritu del acuerdo de paz es promover la reconciliación antes que la persecución judicial", ha declarado el líder maoísta, Dinanath Sharma, que participó en las negociaciones de paz. "Se tendría que solucionar de acuerdo con ello", ha reclamado Sharma.
Los analistas han sostenido que las perspectivas de que el primer ministro cumpla sus promesas son mínimas. La situación política del país es muy fragil: los políticos tienen muy mala reputación y los partidos rivales firman acuerdos para crear coaliciones débiles.
Los expertos también han recordado que Oli no priorizó la administración de Justicia cuando ejerció como primer ministro entre 2015 y 2016 y han destacado que temen que tampoco lo haga ahora, ya que supondría abrir procesos judiciales contra sus socios de Gobierno, lo que provocaría la caída del mismo.
Mientras tanto, algunos de los supervivientes han admitido que están perdiendo la esperanza. "Queda por ver si el nuevo primer ministro logrará hacer que sus aliados maoístas cedan", ha dicho Janak Bahadur Raut, que fue torturado por las fuerzas de seguridad durante el conflicto. "Nada que pueda curar nuestras heridas del conflicto tendrá lugar bajo las leyes existentes, que niegan poder a las comisiones", ha añadido.
