LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -
La alcaldesa del municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana, Maria del Pino Torres, ha declarado que no es el consistorio municipal el que ha engañado a los afectados por la construcción de un nuevo centro penitenciario en la isla, sino alguien que "pretende manipular a los vecinos con métodos engañosos y difamatorios".
María del Pino Torres, que hizo estas declaraciones hoy a través de un comunicado, indicó que los vecinos del municipio "no se han puesto en contacto con la alcaldía ni han socilicitado entrevista" con ella y aclaró que sólo ha tenido constancia de los motivos de la protesta de algunos vecinos y vecinas a las puertas de la sede de Alcaldía, a través de los medios de comunicación.
La alcaldesa aseguró que "no existe ni un solo" informe municipal del que "se pueda deducir, se diga explícitamente, se intuya, se pueda pensar, se recomiende o se aconseje la posibilidad de precintar las obras que se están llevando a cabo en los Llanos de Juan Grande".
Torres señaló que "no es cierto que haya engañado a los vecinos" y, a su juicio, "quien dice eso o bien no ha participado en ninguno de los encuentros" mantenidos con el colectivo "o simplemente pretende manipular a personas realmente afectadas por el problema utilizando métodos engañosos y difamatorios".
En este sentido, la alcaldesa ha asegurado que los informes a los que "los medios de comunicación han hecho referencia durante estos días, están realizados por técnicos municipales", entre ellos la legitimación de la orden dada por el consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, y el análisis de la capacidad municipal de recurrir la convocatoria del concurso abierto.
CONCLUSIONES DE LOS INFORMES
Desde el Ayuntamiento del municipio se ha confirmado que la conclusión del técnico que hizo el estudio fue que no cabía recurso sobre el primer informe al no invadir la orden las competencias municipales.
En el segundo de los casos, el técnico consideró que el consistorio estaba legitimado a recurrir la ley pero que "esto sólo supondría gastos para las arcas municipales al contar el Estado con todos los argumentos legales favorables para que la decisión judicial fuera contraria a los intereses que se intentan defender por parte del Ayuntamiento", señaló la alcaldesa.
María del Pino Torres confirmó que ambos informes son públicos y se encuentran dentro del dossier que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana preparó para los vecinos y vecinas, "según el compromiso adquirido" en la reunión mantenida con los vecinos en la Casa Condal.
No obstante, Torres aclaró que los vecinos "aún no han recogido" los documentos, aunque "desde hace semanas han tenido la posibilidad de conocerlos y de saber qué dicen y sobre qué se pronuncian si esto era de su interés".
RESPONSABILIDAD ESTATAL
La responsabilidad única de la decisión sobre el lugar en el que se ubicará la prisión corresponde al Estado, según explicó Torres en dicho comunicado, y éste comenzó el proceso en el año 2001 optando "de forma definitiva" por Los Llanos de Juan Grande en el año 2005.
Además, Torres señaló que el lugar que se ha fijado en los Llanos de Juan Grande es propiedad del Gobierno de Canarias y "tanto CC como PP han asumido la venta de los terrenos para la construcción de la cárcel, a pesar de afirmar por boca del consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, que no lo haría sin el acuerdo previo de este Ayuntamiento".
La alcadesa de la localidad consideró "incomprensible" que siendo el Ejecutivo regional quien cuenta con los medios legales y físicos para llevar a cabo el precinto, "sean consejeros y directores generales del PP y CC los que pregonen la ilegalidad de las obras y, por contra, no hayan actuado en ningún momento, y que ni siquiera hayan explicado a la opinión pública y a los residentes en la zona afectada, el motivo de su total pasividad".
Según la alcaldesa "el Ayuntamiento carece de capacidad legal para precintar el recinto, al estar dicho expediente en manos de la Agencia de Protección del Medio Rural y Urbano, que depende directamente" del Ejecutivo regional.
En cualquier caso, Torres reiteró que el consistorio está cumpliendo con la ley de forma estricta, y "es sólo competencia del PP y de CC" el llevar a cabo las "actuaciones precisas para el precinto".
En este sentido, la alcaldesa del municipio sureño manifestó que "la pretensión vecinal de que sea el Ayuntamiento quien lleve a cabo el precinto es, según todos los informes jurídicos que posee el consistorio, una ilegalidad, pudiendo llegar a la prevaricación en caso de que se lleve a cabo".
