SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife, ofreció este viernes la creación de una comisión bilateral con el Cabildo para valorar técnicamente las sugerencias de catalogación de inmuebles para su potencial incorporación en el futuro en el nuevo catálogo que se incorpore al planeamiento urbano de la capital.
Además, defendió en el pleno el principio de seguridad jurídica en el ámbito de las competencias municipales de carácter urbanístico y patrimonial.
Tarife explicó también que el área de Urbanismo ha obrado en todo momento de acuerdo a la legalidad vigente en la concesión de licencias de obras que conciernen a inmuebles de la capital que no se encuentran sujetos a protección en el catálogo de patrimonio histórico de Santa Cruz.
El concejal defendió la actuación municipal sobre el particular en el marco de la competencia plena del Ayuntamiento en el terreno del planeamiento urbano y del patrimonio, y advirtió de que en su día los inmuebles que hoy son motivo de polémica en Miraflores no se incluyeron en el mencionado catálogo.
Carlos Tarife destacó que desde el Ayuntamiento se ha apostado por el diálogo de forma permanente y expresó su confianza de que finalmente se pueda alcanzar un acuerdo satisfactorio en el inminente encuentro que mantendrá el consistorio con el Cabildo.
"Nosotros entendemos que el Ayuntamiento se ajusta plenamente a sus competencias y a la legalidad vigente y entendemos que esgrimir el artículo 48 de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias en este caso obedece a una interpretación inexacta del mismo", argumentó.
El concejal de Infraestructuras, José Alberto Díaz-Estébanez, dijo que es "conveniente" distinguir con claridad entre lo que representa un catálogo en vigor y lo que son unas sugerencias, que no son de obligado cumplimiento.
Asimismo, Díaz Estébanez señaló que existen unos derechos consolidados por parte de los propietarios de los inmuebles afectados por esta controversia, que de no respetarse podrían desencadenar reclamaciones de carácter patrimonial ante los tribunales de Justicia.
