LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -
La federación ecologista Ben Magec-Ecologistas en Acción denuncia a través de un informe "la persecución judicial, policial o de ciertas administraciones públicas contra activistas medioambientales". Según afirman, esta situación "ha sido una constante desde que el ecologismo existe como movimiento social y contrasta con la impunidad con la que siempre han actuado los infractores ambientales".
Por este motivo, critican que la justicia "sigue sin medir con el mismo rasero a unos y a otros". Como prueba de ello, han realizado una recopilación de casos en los que miembros de diversas organizaciones ecologistas, fundamentalmente de Ecologistas en Acción y de Greenpeace, pero también de otras organizaciones y plataformas ciudadanas, han sufrido el acoso penal o administrativo a instancia de empresas o de la propia administración.
Todos los casos recopilados, según apuntan los ecologistas, tienen la característica común de que las actuaciones de los ecologistas tienen un marcado carácter pacífico y en muchos casos simbólico, además de estar realizadas con la única intencionalidad de la defensa y protección del medio ambiente.
Existen casos en los que los ecologistas han sido condenados o han tenido que afrontar fianzas o multas. En este sentido, la federación ecologista ha detectado un "recrudecimiento" de los casos de ecologistas procesados, "con la particularidad de que el acoso se ha extendido también contra nuestros abogados".
Así, destacan que el número de denuncias por cuestiones urbanísticas ha crecido mucho en los últimos años y que, al haber mucho dinero e intereses en juego en esa materia, "la virulencia de las acusaciones contra nosotros o nuestros letrados es notable".
Entre los ejemplos de "persecución" a activistas medioambientales, aparece en el informe la querella presentada por injurias y calumnias, en enero de 2006 por el alcalde de Archidona, en Málaga, contra un miembro de Ecologistas en Acción, por oponerse públicamente a un proyecto urbanístico y solicitar una investigación al detectar como firmantes del convenio urbanístico a dos detenidos en la trama de blanqueo de dinero "Ballena Blanca".
Por otra parte, el coordinador de Ecologistas en Acción de Extremadura ha sido condenado por un Juzgado de Badajoz, en juicio de faltas, por criticar la situación de los animales en el Zoo de Almendralejo, calificado en estudios sobre los zoos de España como uno de los peores. La rapidez con la que se ha procedido a dictar esta sentencia contrasta con la lentitud en resolver el cierre de estas instalaciones, que incumple la Ley de protección de los animales de Extremadura y numerosísimas normativas higiénico-sanitarias, denuncian los ecologistas.
También el Alcalde de Valladolid se querelló contra el secretario de Ecologistas en Acción de Valladolid por haber declarado en una rueda de prensa que pese a varias sentencias que anulaban actuaciones del Ayuntamiento por ilegales, el alcalde se empecinaba en llevarlas a cabo por lo que se le podría considerar un "delincuente institucional". En el Auto de archivo, el Juez entiende que en sus palabras no hubo ánimo de injuriar al alcalde vallisoletano, sino de enjuiciar su labor política.
En otro caso, el portavoz de la Plataforma A Desalambrar fue acusado de delito de daños por haber cortado un candado que impedía el acceso a un camino público reivindicando así la liberación de los caminos públicos en la Sierra de Córdoba.
También en Las Palmas de Gran Canaria 51 vecinos y ecologistas son denunciados por el propietario de una cantera, cuya actividad es ilegal, por haberse concentrado en la entrada de la instalación como protesta. Se les acusa de desobediencia, agresión y resistencia a la autoridad. Esta denuncia colectiva era una clara intención de paralizar la reivindicación vecinal-ecologista. Finalmente, se llegó a un acuerdo entre vecinos y empresa, se retiraron los cargos y se archivó el caso.
