LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias ha otorgado una subvención de 30.000 euros a la Confederación de Empresarios de Fuerteventura para estudiar posibles vías de mejora de la conectividad entre el Archipiélago con Marruecos, según informó hoy el Ejecutivo regional en un comunicado.
De esta manera, el objetivo será analizar los efectos económicos que puede conllevar la puesta en marcha de una línea de transporte marítimo entre las Comunidad Autónoma de Canarias y la ciudad de Tarfaya, en Marruecos.
Por su parte, el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno regional, José Manuel Soria, firmó la orden para que la Confederación Insular de Empresario de Fuerteventura reciba los 30.000 euros y realicen el estudio titulado '"Mejoras en la conectividad de Canarias con Marruecos; implicaciones económicas de la apertura de la línea Canarias-Tarfaya'.
El proyecto recogerá los efectos económicos que se pueden generar con la puesta en marcha de la línea de transporte marítimo, el conjunto de servicios existentes en la actualidad y las necesidades derivadas del futuro desarrollo de una plataforma logística orientada hacia el tráfico con la costa africana más cercana, permitiendo generar un valor añadido a los procesos vinculados no sólo al tránsito de mercancías portuarias sino de la demanda que pudiera generarse desde ese ámbito geográfico.
Así, el estudio estará centrado en el análisis de la demanda potencias del bienes y servicios, el análisis de la situación económica y datos del mercado en el área geográfica de influencia, eje sur de Marruecos-Sáhara-Mauritania; la disponibilidad de medios, no sólo en el ámbito portuario, sino especialmente en cuanto a la oferta de bienes y servicios que se puedan generar desde Fuerteventura y también en el conjunto de la Comunidad Autónoma.
También se tendrán en cuenta los elementos limitativos y los factores de competitividad con respecto a otros puertos o centros de conexión de referencia, así como la aplicación de los instrumentos jurídicos y económicos disponibles desde el punto de vista normativo y administrativo al amparo del REF y de la normativa europea.
