ARRECIFE (LANZAROTE), 5 Ago. (EUROPA PRESS) -
La representación de Coalición Canaria (CC) en la isla de Lanzarote ha recriminado a la presidenta de la Administración insular, Manuela Armas, la adjudicación "a dedo" de obras por un importe de 7,8 millones, ante la "actual coyuntura económica que atraviesa la empresa Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa) donde, además, se invierten 500.000 euros para prevención de riesgos laborales, cantidad "que ni por asomo gasta la empresa en sus propios trabajadores".
Según indicó hoy la formación política nacionalista en un comunicado, la "presión social y política" sobre el Plan de INALSA ha logrado que el grupo de Gobierno "lo paralice, parcialmente, con algunos cambios de posición importantes respecto a los términos en los que fue aprobado".
Coalición Canaria calificó de "inutilidad" la lucha que "viene ejerciendo la Mesa Social por el Agua" y afirmó que el grupo de Gobierno insular "sí ha paralizado el Plan ante la presión ejercida" además de "reconocer lo malo que era su Plan" al admitir que "no procedían los créditos empresariales por 47 millones de euros" y al no haber "ejecutado las obras que pretendían financiar con ellos en los plazos aprobados por el Plan" y haber "admitido que hay que priorizar dichas obras, cosa que no se recoge en el Plan".
A juicio de la formación nacionalista, "el peligro persiste porque se han negado", tal y como reconoció el portavoz del PSOE en el Consejo de la Reserva de la Biosfera celebrado el pasado jueves a "conceder la foto de revocar el Plan" en el Consejo donde se aprobó y por lo que CC "seguirá" luchando.
Por otra parte y ante la suspensión del Consejo de Administración, CC lanzó una pregunta a Manuela Armas acerca de "las verdaderas razones que provocaron" la suspensión de Inalsa teniendo la empresa, además de una situación económica "delicada", un contrato con Aguas Filtradas que expira en diciembre de 2009.
, el Grupo de Gobierno se permita sin el pertinente concurso público que posibilite adjudicar las obras a la mejor oferta, proponer adjudicarle a dedo a dicha empresa nuevas obras disfrazadas en una supuesta renovación de contrato, por importe de 7,8 millones de euros, entre los que se incluyen unos inexplicables gastos en prevención de riesgos laborales por importe de más de 500.000 euros, que ni por asomo gasta la empresa en sus propios trabajadores.
