SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
La diputada de Coalición Canaria, María del Mar Julios, afirmó hoy durante una pregunta parlamentaria que la forma de actuar del Estado en relación con el centro penitenciario del municipio de San Bartolomé de Tirajana ha sido "escandalosa".
Julios le preguntó en sesión plenaria al consejero de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias qué información tenía el Ejecutivo canario sobre la construcción de un centro penitenciario en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, a lo que éste le contestó que el Gobierno autónomo ha exigido al Estado "la paralización de dichas obras porque, entre otras cuestiones, la Comunidad Autónoma sigue siendo propietaria de los terrenos que pretenden utilizar".
La diputada nacionalista, durante su intervención, consideró que la actuación del Gobierno del Estado en este caso "es de juzgado de guardia", ya que pretende ejecutar la obra "sin los permisos necesarios, sin informe de impacto medioambiental y usurpando terrenos que son propiedad de la comunidad autónoma", añadió.
En este sentido, consideró que "es imperdonable que el Estado lleve cerca de una década sin dar una respuesta digna a los presos canarios y, ahora, actúe de una forma tan torpe sin promover la coordinación con todas las administraciones implicadas", algo que, según dijo, no se puede permitir.
Además, la diputada nacionalista recalcó que el Ayuntamiento del municipio, lejos de dar una respuesta, "ha mantenido una actitud pasiva, haciendo dejación de sus funciones y guardando silencio". "Es curioso que sólo cuando los vecinos han denunciado los movimientos de tierra, ha reconocido que tenían información, por lo que sospecho que desde el consistorio han estado negociando con la Dirección General de Prisiones posibles compensaciones", remarcó.
La diputada nacionalista, del mismo modo, consideró una "desvergüenza que los responsables del PSOE y de Nueva Canaria en dicho municipio culpabilicen vilmente al Gobierno de Canarias de dicha obra, con el irresponsable argumento de que quiere perjudicar el turismo de Gran Canaria".
Julios se preguntó durante su intervención qué razones existen para que el Estado, de forma unilateral, decida la ubicación de una macro cárcel en Gran Canaria, como también se preguntó qué tipo de presos son los que quieren traer y de dónde "porque creo que los ciudadanos tienen derecho a saberlo", añadió.
María del Mar Julios consideró que desde un despacho de Madrid, se "intenta trasladar a Canarias un modelo de prisión continental, un Alcalá Meco, un modelo de prisión que consume grandes espacios, con una filosofía de núcleo urbano autosuficiente que conlleva actuaciones que implican intervenciones como emisarios marinos, unos emisarios que se instalarían en la zona con mayor futuro para el Archipiélago en la actividad acuicultora", insistió.
Julios concluyó su intervención explicando que a las irregularidades antes mencionadas "hay que añadir que las obras ilegales que se están realizando afectan irreversiblemente a una de las zonas de mayor concentración de aves esteparias, por lo que creemos necesaria la intervención de la Fiscalía de Medio Ambiente".
