SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, entregará mañana en Tenerife al presidente del Parlamento regional, Antonio Castro, el proyecto de Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo, que regula el marco en que el turismo se desarrollará en los próximos tres años mediante la fórmula de generar crecimiento económico sin ocupar suelo, según ha informado la Consejerías en un comunicado.
En este sentido, establece límites al otorgamiento de autorizaciones previas (término correcto en lugar de nueva moratoria o renovación de la moratoria, reguladas en el artículo 24 de la Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias), suprimiendo las excepciones de interés general y contemplando la creación de nuevas camas durante este tiempo a cambio de renovación, formación y creación de puestos de trabajo, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la ocupación territorial del Archipiélago y la fortaleza de su competitividad.
El Ejecutivo autónomo aprobó la semana pasada el texto legal, tras el dictamen unánimemente favorable del Consejo Consultivo de Canarias, máximo órgano asesor jurídico en la Comunidad Autónoma.
Con el fin de fomentar el empleo, el Gobierno canario establece en la nueva Ley el requisito de formar a un número de titulados de grado medio y superior que se corresponda al diez por ciento de las plazas hoteleras. A este respecto, se permiten hoteles-escuela de cinco estrellas con las condiciones de formación y contratación de personal conforme al Convenio de Formación y Empleo en el marco de la Estrategia de Empleo de Canarias durante un período mínimo de 6 años.
Asimismo, prosigue la nota, apuesta por una serie de exigencias como la obligatoriedad de presentar los proyectos para la construcción de hoteles de cinco estrellas en dos años a partir de que se apruebe la Ley e iniciar estas actuaciones antes del tercero, para evitar el almacenamiento de derechos y dar respuesta puntualmente a las necesidades sociales del momento.
SIMPLIFICACIÓN
El proyecto de Ley incide en la simplificación y racionalización de las actuaciones administrativas en materia territorial y urbanística, lo que permitirá una mayor eficacia de la administración y protección de los derechos ciudadanos, eliminando exigencias innecesarias relacionadas con las calificaciones territoriales y los Proyectos de Actuación Territorial (PAT) y regulando los efectos del silencio administrativo.
Se corrigen los preceptos del marco legislativo actual que impiden o dificultan la adaptación y desarrollo del planeamiento urbanístico y territorial, en orden a facilitar su prosecución y eficacia.
Clasificación de suelo rústico como suelo industrialNo permite usos industriales en suelo rústico que no estuvieran permitidos previamente por el vigente Texto Refundido, únicamente agiliza el trámite administrativo creando el PAT para aquellas instalaciones de pequeñas dimensiones o escasa trascendencia territorial que no estuvieran prohibidas por el planeamiento, atribuyendo la competencia de su aprobación a los cabildos insulares. En ningún caso se menoscaban las garantías de protección del suelo y, entre ellas, la información pública.
Mediante la ordenación de los usos del suelo rústico, promueve la actividad agropecuaria y la dinamización del medio rural y da respuesta a la necesidad social de regularización de las múltiples explotaciones ganaderas que vienen operando con anterioridad a las nuevas exigencias legislativas.
En relación al suelo industrial, el Proyecto de Ley también recoge en su artículo 8 que el Plan Territorial Especial de Singular Interés Industrial sólo se podrá aprobar respecto a suelos urbanizables no sectorizados estratégicos.
ALEGACIONES El plazo de alegaciones al borrador de la Norma se abrió el 27 de mayo de 2008 -un día después de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Canarias (BOC)- por un período de ocho días hábiles. A partir de esa fecha, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias atendió todas las sugerencias recibidas con registro de entrada hasta el 28 de agosto, es decir, todas las que llegaron con anterioridad a la fecha de petición del informe preceptivo a la Dirección General de Servicios Jurídicos del Gobierno autónomo, trámite necesario y previo al envío del anteproyecto de Ley al Consejo Consultivo de Canarias.
